En total, son medio centenar los investigados, entre políticos, funcionarios y empresarios, en la Operación Patos.
Los nueve directivos de empresas constructoras que hoy han comparecido en el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, que dirige la investigación de la Operación Patos, han negado que pactaran con Eiriña, señalada como epicentro de la presunta trama corrupta, para amañar concursos de obras públicas.
Los empresarios han descartado acuerdos en los procedimientos negociados para la contratación de obras menores por parte de diferentes administraciones (puerto de Vigo, Diputación de Pontevedra y Delegación de la Xunta) y han limitado su relación con el dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais, al ámbito profesional.
Ahora bien, uno de ellos, de Balboa y Buceta, ha admitido, según fuentes jurídicas, que el hermano de un empleado suyo que trabaja en Eiriña le pidió como favor que presentaran una oferta de acompañamiento para una obra del puerto que pretendía la constructora de Pais.
Otro empresario, de Sercoes SL, ha declarado ante la juez que la oferta que supuestamente presentó su empresa para una subvención de la Diputación de Pontevedra no llevaba su firma ni su sello, según las mismas fuentes.
Algunos directivos no han dado explicaciones sobre el hecho de que el resguardo de las ofertas de sus empresas presentadas por registro fueran halladas por la Policía en la sede de Eiriña.
En total, son medio centenar los investigados, entre políticos, funcionarios y empresarios, en la Operación Patos.
Figuran en esa lista el expresidente de la Diputación y líder del PP de Pontevedra Rafael Louzán, cuya comparecencia ante la juez se producirá en febrero, y el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE), quien ya declaró en noviembre.
La Operación Patos estalló en febrero de 2014 cuando la Policía detuvo a cinco personas, un exconcejal de Nigrán (Pontevedra) y administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriña; y se practicaron registros en las corporaciones de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra, Ponteareas y Ourense.
Asimismo, hubo inspecciones en la delegación de la Xunta en Vigo, en dependencias de la Zona Franca, el Consorcio Casco Vello y el puerto, y en la Diputación de Pontevedra.
