El PP rechazó la propuesta de AGE, pero hubo unanimidad para auditar privatizaciones municipales
El PPdeG rechazó una propuesta de AGE para que el Consello de Contas fiscalizase las corporaciones locales con dirigentes imputados en casos de corrupción y realizase una "auditoría sobre los servicios relacionados con las áreas en las que tienen responsabilidad los cargos públicos imputados". Esta propuesta, formulada por Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en la Comisión Permanente no Legislativa para las relaciones con el Consello de Contas, contó con el apoyo de los grupos del BNG y del PSdeG.
En su intervención, el diputado de AGE Ramón Vázquez cargó contra los "datos espeluznantes" que indican que "cuatro de las siete ciudades gallegas tienen miembros de su gobierno local imputados", como es el caso de las urbes de Lugo y Ourense (gobernadas por el PSOE), así como de Santiago y A Coruña (gobernadas por el PP). "En Galicia hay más de 26 ayuntamientos con cargos públicos imputados, las operaciones 'Patos', 'Pokémon', 'Manga', 'Campeón' u 'Orquesta' llenan las páginas negras de los periódicos, siendo los de Lugo y Santiago casos especialmente sangrantes, en donde prácticamente no quedan servicios sin privatizar", manifestó.
"IMPRESCINDIBLE Y URGENTE"
Por todo ello, el parlamentario de AGE consideró "imprescindible y urgente" auditar los municipios con imputados para "conseguir una mayor transparencia". "La corrupción en los ayuntamientos funciona como un engranaje perfecto, en el que los responsables públicos privatizan servicios a través de concesiones por las que reciben dinero y regalos", al tiempo que "emplean estas empresas como agencias de colocación de los amigos", advirtió.
Por su parte, la diputada popular Herminia Pouso justificó el rechazo del Partido Popular a esta propuesta al asegurar que "en donde hay investigaciones judiciales abiertas se debe respetar y dejar actuar a la justicia, ya que está por encima del Consello de Contas". "El Consello de Contas no tiene capacidad para juzgar, tiene capacidad para examinar y, si observa alguna anomalía, la deriva al órgano competente judicial", afirmó antes de insistir en "dejar trabajar al juzgado si está investigando".
El socialista Juan Carlos González Santín expresó el apoyo de su grupo a la propuesta de investigar las corporaciones en las que haya cargos públicos imputados, lo que apoyó porque puede haber algún "indicio" de irregularidad, por lo que "entendemos que es bueno que el Consello de Contas fiscalice estas administraciones".
Pese a la falta de acuerdo en este asunto, PPdeG, PSdeG, AGE y BNG acordaron, por unanimidad, que el Parlamento gallego inste a Contas a que fiscalice "los servicios públicos de las administraciones locales que se prestan en modalidad de gestión indirecta, es decir, aquellos externalizados o privatizados". Según recordó Ramón Vázquez, el propio Tribunal de Cuentas en su "informe de fiscalización sobre el sector público local afirma que la gestión mediante concesiones resulta menos eficiente que la gestión pública municipal", y dijo que el servicio de limpieza viaria "resulta un 76 por ciento más caro cuando se privatiza".
