Los nueve controladores aéreos del aeropuerto de Santiago de Compostela, citados por la Fiscalía para declarar ayer como imputados por el colapso aéreo del primer fin de semana de diciembre, se acogieron al derecho constitucional a no declarar como estrategia defensiva. El fiscal jefe de la Fiscalía de Área de Santiago, Mario Piñeiro, recordó, en declaraciones a los periodistas tras la comparecencia de los controladores, que no es excepcional la decisión de no declarar, un comportamiento que siguieron sus compañeros de Manises (Valencia), Barajas o Torrejón de Ardoz (Madrid).
La Fiscalía les imputa los supuestos delitos contemplados en los artículos 20 y 21 de la Ley de Navegación Aérea y maneja como 'alternativa' lo previsto en el artículo 409 del Código Penal, sobre el abandono colectivo e ilegal de servicio público. No obstante, la 'hipótesis de trabajo' de la Fiscalía es el delito de navegación aérea, 'que consiste en ponerse de acuerdo de forma colectiva y abandonar el servicio', con penas de entre seis meses y ocho años de prisión que se reducirían proporcionalmente una vez ponerlas en correspondencia con el Código Penal, explicó Piñeiro.
SOSPECHA RAZONABLE
Por ello, la investigación continuará sobre los nueve imputados, sobre los que existe la 'sospecha razonable' de que pudieron incurrir en algún delito y que por el momento no aportaron documentación sobre lo ocurrido, continuó el fiscal jefe, quien destacó la complejidad de este asunto que se dirime en el ámbito penal y no laboral.
De hecho, la Fiscalía sólo cuenta con información de estos nueve controladores del aeropuerto Santiago -Lavacolla cuenta con 28- relativa a que 'no habían acudido de forma injustificada a su puesto de trabajo'.
En este sentido, la Fiscalía insistió en que su investigación se centrará en abordar 'si hay un abandono colectivo, algo consciente por parte de los trabajadores que se ponen de acuerdo para boicotear el servicio, con esa repercusión y de una forma manifiestamente ilegal'. Para ello, pidió información a Aena y a la Policía que valorará cuando la reciba y, seguidamente, decidirá si se archiva el asunto porque no hay indicios de delito o si se judicializa.
Piñeiro aseguró desconocer el plazo en el que se adoptará esta decisión y, preguntado por la controladora Susana Romero que aseguró ayer que estaba de vacaciones los días del caos aéreo, detalló que ella no informó de esa situación sino que la información policial y de Aena constata que 'su falta al puesto de trabajo no estaba justificada de ninguna manera'.
Precisamente, Susana Romero, que ejerció como portavoz de los controladores imputados, declaró a los periodistas tras su comparecencia que tanto ella como sus compañeros se habían limitado a hacer lo que les habían aconsejado sus abogados, negó que ninguno de los nueve controladores abandonara su puesto de trabajo los días 3 y 4 de diciembre, y atribuyó el problema a 'la falta de planificación' por parte de Aena.
'AENA CERRÓ EL TRÁFICO'
Los controladores sostienen que han superado el límite de horas trabajadas fijado en la Ley 9/2010, que es de 1.670 al año, lo que llevó a Romero a asegurar que Aena conoce esa situación y que esos días la empresa 'no activó los mecanismos que tiene, como son habilitar imaginarias o llamar a la gente para que vaya a trabajar'. 'No lo hizo. Aún así, la gente que estaba trabajando esos días era suficiente para atender el tráfico aéreo y no hubo aviones porque le empresa cerró el tráfico aéreo', añadió.
La Fiscalía de A Coruña archivó las diligencias abiertas contra los controladores del aeropuerto coruñés de Alvedro por el conflicto generado durante el puente de la Inmaculada al entender que no se ausentaron de sus puestos de trabajo.
SOSPECHA RAZONABLE
Por ello, la investigación continuará sobre los nueve imputados, sobre los que existe la 'sospecha razonable' de que pudieron incurrir en algún delito y que por el momento no aportaron documentación sobre lo ocurrido, continuó el fiscal jefe, quien destacó la complejidad de este asunto que se dirime en el ámbito penal y no laboral.
De hecho, la Fiscalía sólo cuenta con información de estos nueve controladores del aeropuerto Santiago -Lavacolla cuenta con 28- relativa a que 'no habían acudido de forma injustificada a su puesto de trabajo'.
En este sentido, la Fiscalía insistió en que su investigación se centrará en abordar 'si hay un abandono colectivo, algo consciente por parte de los trabajadores que se ponen de acuerdo para boicotear el servicio, con esa repercusión y de una forma manifiestamente ilegal'. Para ello, pidió información a Aena y a la Policía que valorará cuando la reciba y, seguidamente, decidirá si se archiva el asunto porque no hay indicios de delito o si se judicializa.
Piñeiro aseguró desconocer el plazo en el que se adoptará esta decisión y, preguntado por la controladora Susana Romero que aseguró ayer que estaba de vacaciones los días del caos aéreo, detalló que ella no informó de esa situación sino que la información policial y de Aena constata que 'su falta al puesto de trabajo no estaba justificada de ninguna manera'.
Precisamente, Susana Romero, que ejerció como portavoz de los controladores imputados, declaró a los periodistas tras su comparecencia que tanto ella como sus compañeros se habían limitado a hacer lo que les habían aconsejado sus abogados, negó que ninguno de los nueve controladores abandonara su puesto de trabajo los días 3 y 4 de diciembre, y atribuyó el problema a 'la falta de planificación' por parte de Aena.
'AENA CERRÓ EL TRÁFICO'
Los controladores sostienen que han superado el límite de horas trabajadas fijado en la Ley 9/2010, que es de 1.670 al año, lo que llevó a Romero a asegurar que Aena conoce esa situación y que esos días la empresa 'no activó los mecanismos que tiene, como son habilitar imaginarias o llamar a la gente para que vaya a trabajar'. 'No lo hizo. Aún así, la gente que estaba trabajando esos días era suficiente para atender el tráfico aéreo y no hubo aviones porque le empresa cerró el tráfico aéreo', añadió.
La Fiscalía de A Coruña archivó las diligencias abiertas contra los controladores del aeropuerto coruñés de Alvedro por el conflicto generado durante el puente de la Inmaculada al entender que no se ausentaron de sus puestos de trabajo.
