Varias iniciativas ciudadanas paralizan proyectos con gran contestación.
Las obras de una rotonda y de acceso a un párking en Santiago, la actuación sobre el río con la tala de árboles en Sarria, la construcción de un pantalán en el club náutico de Sanxenxo y la protesta por una variante en la localidad de Noia son algunos de los ejemplos de movilizaciones ciudadanas que, tras el éxito de los vecinos del burgalés barrio de Gamonal, han prendido en territorio gallego en busca de paralizar actuaciones. En alguna de, de hecho, no se ha evitado siquiera la comparación.
Como ha sucedido en las concentraciones de los vecinos de un barrio compostelano en contra de un nuevo acceso para un aparcamiento privado, ya se pudo escuchar en sus primeras protestas 'En Galeras, otro Gamonal'. El caso es que, en las últimas semanas las movilizaciones locales en contra de hechos puntuales han irrumpido entre los ciudadanos.
El lance de Sanxenxo, en donde se ha vivido un episodio de violencia que ha llevado a la Policía Local a investigar lo ocurrido por petición del ayuntamiento, es todavía más peculiar, dado que la oposición no sólo es vecinal, sino que la propia alcaldesa, la popular Catalina González, está en contra de la actuación que quiere llevar a cabo el club náutico, una entidad privada, y ha pedido a Portos de Galicia su paralización. Oponiéndose a la actuación del pantalán se encuentra la Plataforma SOS Panadeira, e una de esas pequeñas comunidades que están recogiendo el testigo de las grandes agrupaciones que defienden objetivos más generales, como la sanidad pública.
En la capital gallega, varias asociaciones de vecinos de una zona se han unido también en plataforma para luchar contra la construcción de una rotonda y el acceso a un estacionamiento de vehículos privado, que ya cuenta con otras dos entradas y una salida. El Ayuntamiento compostelano defiende esta obra porque no tiene coste para las arcas municipales, ya que la inversión corre a cargo de la empresa, y permite la peatonalización de otras dos calles, pero los vecinos denuncian la "privatización del parque" y que el Consistorio regala espacio público a una empresa privada para su "beneficio". De hecho, la propia concejal de Urbanismo, María Pardo, admitió que esta actuación "beneficia a un particular".
A algo más de 40 kilómetros de la capital gallega, nació la plataforma de Portosín en contra de una variante que costará 30 millones de euros y que, según advierten los vecinos agrupados en la Plataforma de Portosín, supondrá apenas "un minuto y medio de ahorro".
