Con 12 votos a favor y ocho abstenciones, el Consello Económico e Social (CES) aprobó el anteproyecto de la Lei de Ordenación do Comercio Interior que, entre otras cuestiones, recoge que nadie podrá ser discriminado o atendido incorrectamente por razón de la lengua empleada o que los carteles de los locales deberán estar escritos, por lo menos, en gallego. Los empresarios no están de acuerdo con esta norma y dudan de su legalidad. Además, advierten del elevado coste que supondría cambiar los rótulos.
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) consideró de dudosa legalidad que el proyecto de Lei de Ordenación do Comercio Interior establezca la exigencia imperativa de que la señalización de carteles informativos y los documentos de oferta de servicio a los consumidores de los establecimientos de la comunidad deban redactarse por lo menos en lengua gallega. Esta medida se recoge en el artículo octavo del anteproyecto de ley cuyo dictamen aprobó el viernes el pleno del Consello Económico e Social (CES) con 12 votos a favor y ocho abstenciones, correspondientes a los representantes de la patronal, que emitió un voto particular en el que evidencia sus reticencias sobre esta cuestión, entre otras.
En su informe, este órgano aconseja la eliminación de una referencia que defiende que nadie podría ser discriminado o atendido incorrectamente por razón de la lengua oficial empleada. Asimismo, insta a eliminar un tercer apartado de este artículo en el que se recuerda que los poderes públicos garantizarán los citados derechos por lo que prestarán asesoramiento en los casos necesarios.
Los sindicatos, a favor
Sobre esta cuestión, fuentes del CES consultadas aseguraron que la posición mayoritaria en el debate del texto legal desarrollado durante las sesiones previas a su aprobación en el pleno estimó excesivo legislar en función de la suposición de que los clientes sufren una discriminación por motivos lingüísticos. Por ello, entendieron que el artículo Derechos lingüísticos en las relaciones comerciales está fuera de lugar en esta normativa y consideraron que esta competencia recae en la Secretaría Xeral de Política Lingüística.
Frente a la postura defendida por los empresarios gallegos, los sindicatos CIG y UGT reflejaron a través de otro voto particular su rechazo a la eliminación tanto de la referencia como del tercer apartado al sostener que son de indudable interés para la defensa y promoción del idioma propio de la comunidad que incum be a los poderes públicos.
La patronal advirtió, además, a través de su voto particular, del importante coste económico que implicaría la adaptación a la futura norma dados los importantes cambios que habría que realizar en rótulos y demás señalizaciones de los comercios, un requisito que la CEG calificó de poco oportuno ante la actual coyuntura económica que afecta a las empresas. Todo pese a que los representantes de los empresarios admitieron entender la intención de la Xunta hacia la adopción de una polí tica transversal para contribuir a la difusión lingüística de la lengua gallega, en este caso, desde el comercio.
Asimismo, la Confederación de Empresarios de Galicia cuestionó, entre otros aspectos específicos de la nueva normativa, la composición del Consello Galego do Comercio, en el que, a su juicio, debe tener capacidad para designar tres representantes, la definición que se hace de un gran establecimiento comercial o los criterios establecidos para la concesión de una licencia comercial específica.
En su informe, este órgano aconseja la eliminación de una referencia que defiende que nadie podría ser discriminado o atendido incorrectamente por razón de la lengua oficial empleada. Asimismo, insta a eliminar un tercer apartado de este artículo en el que se recuerda que los poderes públicos garantizarán los citados derechos por lo que prestarán asesoramiento en los casos necesarios.
Los sindicatos, a favor
Sobre esta cuestión, fuentes del CES consultadas aseguraron que la posición mayoritaria en el debate del texto legal desarrollado durante las sesiones previas a su aprobación en el pleno estimó excesivo legislar en función de la suposición de que los clientes sufren una discriminación por motivos lingüísticos. Por ello, entendieron que el artículo Derechos lingüísticos en las relaciones comerciales está fuera de lugar en esta normativa y consideraron que esta competencia recae en la Secretaría Xeral de Política Lingüística.
Frente a la postura defendida por los empresarios gallegos, los sindicatos CIG y UGT reflejaron a través de otro voto particular su rechazo a la eliminación tanto de la referencia como del tercer apartado al sostener que son de indudable interés para la defensa y promoción del idioma propio de la comunidad que incum be a los poderes públicos.
La patronal advirtió, además, a través de su voto particular, del importante coste económico que implicaría la adaptación a la futura norma dados los importantes cambios que habría que realizar en rótulos y demás señalizaciones de los comercios, un requisito que la CEG calificó de poco oportuno ante la actual coyuntura económica que afecta a las empresas. Todo pese a que los representantes de los empresarios admitieron entender la intención de la Xunta hacia la adopción de una polí tica transversal para contribuir a la difusión lingüística de la lengua gallega, en este caso, desde el comercio.
Asimismo, la Confederación de Empresarios de Galicia cuestionó, entre otros aspectos específicos de la nueva normativa, la composición del Consello Galego do Comercio, en el que, a su juicio, debe tener capacidad para designar tres representantes, la definición que se hace de un gran establecimiento comercial o los criterios establecidos para la concesión de una licencia comercial específica.
