La Xunta evaluará de forma individual el 'comportamiento y conducta profesional' de los empleados públicos, así como su 'grado de interés y esfuerzo' en la realización de su trabajo, la mejora en la formación y el grado de cumplimiento de los objetivos en las unidades a las que pertenecen. En cualquier caso, promete 'objetividad' en estos análisis.
La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, presentó ayer a los representantes sindicales (de CIG, CC.OO., UGT y CSIF) el borrador de la ley de empleo público, aprobado el pasado jueves en el Consello de la Xunta. Tras el encuentro, reiteró que la voluntad del Gobierno gallego es negociar 'y enriquecer el texto' con las aportaciones sindicales.
Por su parte, los representantes de los trabajadores manifestaron que deben analizar en profundidad el borrador, que tiene 226 artículos, aunque avisaron de que la norma puede introducir 'subjetividad' en esas evaluaciones del desempeño y dijeron temer que se apliquen 'restricciones de derechos'.
Muñoz Fonteriz indicó que esas evaluaciones individuales tendrán en cuenta diferentes aspectos, pero estarán 'siempre valorados desde la objetividad por parte de la administración'. La conselleira explicó que la futura ley establecerá unas 'líneas generales' y disposiciones posteriores -también negociadas con los sindicatos- que desarrollarán la norma para concretar algunos capítulos, como éste.
SUPERIORES JERÁRQUICOS
'Siempre va a ser una evaluación objetiva', dijo, y aseguró que 'los superiores jerárquicos tendrán mucho que decir', dado que el análisis tendrá en cuenta los objetivos logrados de forma individual por cada trabajador. 'Es el superior jerárquico el que mejor conoce la valoración, aunque también participarán otros órganos porque hay que aglutinar muchas cuestiones', ha argumentado.
Sobre los traslados de personal, Muñoz explicó que la ley recogerá 'expresamente' la elaboración de planes de recursos humanos, que 'establecerán posibilidades de movilidad y reasignación de personal', dentro de las que se admitirán tanto movilidad voluntaria como forzosa. 'Siempre dentro de unas condiciones y unos requerimientos específicos, como ahora lo tenemos también en la normativa actual de la función pública', puntualizó.
El objetivo, justificó, es que 'siempre la administración tenga flexibilidad suficiente para poder atender aquellas áreas que necesitan personal', con el fin de hacer 'una mejor prestación de los servicios públicos'. Aunque no hay un plazo fijado para la aprobación de la ley, la conselleira insistió en que la Xunta espera que el Parlamento la apruebe este mismo año. En cualquier caso, indicó que las entidades sindicales pidieron no establecer plazos cortos de tiempo y manifestó que la intención es 'tener tiempo para analizar bien el texto'.
Los sindicatos fueron 'los primeros' en recibir el borrador y Facenda volverá a citarlos en 15 días para que presenten sus primeras propuestas. La Xunta negociará también con las universidades y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
Por su parte, los representantes de los trabajadores manifestaron que deben analizar en profundidad el borrador, que tiene 226 artículos, aunque avisaron de que la norma puede introducir 'subjetividad' en esas evaluaciones del desempeño y dijeron temer que se apliquen 'restricciones de derechos'.
Muñoz Fonteriz indicó que esas evaluaciones individuales tendrán en cuenta diferentes aspectos, pero estarán 'siempre valorados desde la objetividad por parte de la administración'. La conselleira explicó que la futura ley establecerá unas 'líneas generales' y disposiciones posteriores -también negociadas con los sindicatos- que desarrollarán la norma para concretar algunos capítulos, como éste.
SUPERIORES JERÁRQUICOS
'Siempre va a ser una evaluación objetiva', dijo, y aseguró que 'los superiores jerárquicos tendrán mucho que decir', dado que el análisis tendrá en cuenta los objetivos logrados de forma individual por cada trabajador. 'Es el superior jerárquico el que mejor conoce la valoración, aunque también participarán otros órganos porque hay que aglutinar muchas cuestiones', ha argumentado.
Sobre los traslados de personal, Muñoz explicó que la ley recogerá 'expresamente' la elaboración de planes de recursos humanos, que 'establecerán posibilidades de movilidad y reasignación de personal', dentro de las que se admitirán tanto movilidad voluntaria como forzosa. 'Siempre dentro de unas condiciones y unos requerimientos específicos, como ahora lo tenemos también en la normativa actual de la función pública', puntualizó.
El objetivo, justificó, es que 'siempre la administración tenga flexibilidad suficiente para poder atender aquellas áreas que necesitan personal', con el fin de hacer 'una mejor prestación de los servicios públicos'. Aunque no hay un plazo fijado para la aprobación de la ley, la conselleira insistió en que la Xunta espera que el Parlamento la apruebe este mismo año. En cualquier caso, indicó que las entidades sindicales pidieron no establecer plazos cortos de tiempo y manifestó que la intención es 'tener tiempo para analizar bien el texto'.
Los sindicatos fueron 'los primeros' en recibir el borrador y Facenda volverá a citarlos en 15 días para que presenten sus primeras propuestas. La Xunta negociará también con las universidades y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
