En un Consello de la Xunta parco en iniciativas económicas, los nombramientos del nuevo equipo de Feijóo volvieron a acaparar toda la atención a pesar de que se mantienen las mismas caras como delegados territoriales.
El presidente gallego anunció que los diputados Raquel Arias, Belén do Campo y José Manuel Cores Tourís renunciaran a su acta parlamentaria para asumir las delegaciones territoriales de la Xunta en Lugo, A Coruña y Pontevedra respectivamente, cargos que ya defendían cuando se convocaron las elecciones autonómicas. El dirigente gallego también comunicó que los delegados de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, y en Vigo, María José Bravo Bosh, continuarán en sus respectivos puestos ya que no fueron cesados por no haber entrado en las listas de las pasadas elecciones gallegas.
El caso de Rogelio Martínez resulta peculiar, sobre todo cuando en el programa con el que Feijóo se presentó a las elecciones y que fue ratificado después en una reunión del grupo parlamentario del PPdeG, incidía en que un diputado que sea imputado tiene la obligación de entregar su acta al partido. Si bien es cierto que Rogelio Martínez no es parlamentario, también es conocido que se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia para responder de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental y fraude en la concesión de subvenciones por su actuación al frente del grupo de acción local Ceivam (Centro de Iniciativas para el desarrollo local del Val do Miño) a comienzos de 2000 cuando era mandatario local de Arnoia.
La instrucción penal, que se inició en octubre de 2006, entra ahora en su recta final, ya que solo quedan la presentación de los escritos de acusación de las partes personadas (Fiscal, Asosciación para o Progreso do Ribeiro y BNG) y los de la defensa, en un proceso en el que hay siete inculpados en el procedimiento abreviado. El juez halló indicios de que Rogelio Martínez, con los otros imputados en la causa, concedió subvenciones con fondos públicos con conocimiento de que la documentación aportada por los solicitantes para justificar los gastos realizados no se correspondían con la realidad durante su etapa como regidor de Arnoia. El juzgado de Ribadavia archivó la causa por entender que estaba prescrito el delito pero la Audiencia ordenó volver a abrirla.
La regla del PP de que no haya imputados no se aplica a todo el mundo por igual. Si bien el presidente gallego hizo dimitir a los diputados Javier Escribano, Pablo Cobián y al alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, por causas abiertas, también ha mantenido en su puesto, como al propio Rogelio Martínez, a José Traba, alcalde de Fisterra, y a José Santos Maneiro, alcalde de Mazaricos, los dos involucrados en la operación 'Orquesta'. El vicepresidente Alfonso Rueda afirmó anteayer que 'imputación y dimisión' no tienen que ir necesariamente de la mano mientras que Feijóo afirmó en septiembre que al PP 'le gusta la vía de apartar a sus cargos cuando son imputados'.
Por otra parte, Álvaro Pérez, volverá a ser director xeral del gabinete de Presidencia como en el anterior mandato y también entrega su acta de diputado.
El caso de Rogelio Martínez resulta peculiar, sobre todo cuando en el programa con el que Feijóo se presentó a las elecciones y que fue ratificado después en una reunión del grupo parlamentario del PPdeG, incidía en que un diputado que sea imputado tiene la obligación de entregar su acta al partido. Si bien es cierto que Rogelio Martínez no es parlamentario, también es conocido que se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia para responder de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental y fraude en la concesión de subvenciones por su actuación al frente del grupo de acción local Ceivam (Centro de Iniciativas para el desarrollo local del Val do Miño) a comienzos de 2000 cuando era mandatario local de Arnoia.
La instrucción penal, que se inició en octubre de 2006, entra ahora en su recta final, ya que solo quedan la presentación de los escritos de acusación de las partes personadas (Fiscal, Asosciación para o Progreso do Ribeiro y BNG) y los de la defensa, en un proceso en el que hay siete inculpados en el procedimiento abreviado. El juez halló indicios de que Rogelio Martínez, con los otros imputados en la causa, concedió subvenciones con fondos públicos con conocimiento de que la documentación aportada por los solicitantes para justificar los gastos realizados no se correspondían con la realidad durante su etapa como regidor de Arnoia. El juzgado de Ribadavia archivó la causa por entender que estaba prescrito el delito pero la Audiencia ordenó volver a abrirla.
La regla del PP de que no haya imputados no se aplica a todo el mundo por igual. Si bien el presidente gallego hizo dimitir a los diputados Javier Escribano, Pablo Cobián y al alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, por causas abiertas, también ha mantenido en su puesto, como al propio Rogelio Martínez, a José Traba, alcalde de Fisterra, y a José Santos Maneiro, alcalde de Mazaricos, los dos involucrados en la operación 'Orquesta'. El vicepresidente Alfonso Rueda afirmó anteayer que 'imputación y dimisión' no tienen que ir necesariamente de la mano mientras que Feijóo afirmó en septiembre que al PP 'le gusta la vía de apartar a sus cargos cuando son imputados'.
Por otra parte, Álvaro Pérez, volverá a ser director xeral del gabinete de Presidencia como en el anterior mandato y también entrega su acta de diputado.
