El juicio por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en el Ayuntamiento de Gondomar quedó en la mañana de ayer visto para sentencia en Vigo, con la novedad de que el representante del Ministerio Fiscal redujo la petición de penas para los dos acusados que confesaron su participación, el ex concejal de Cultura del citado concello pontevedrés, José Luis Mosquera y el arquitecto vigués Borja Ramilo.
La petición del Ministerio Público se sitúa ahora en una multa de 135.000 euros para el ex edil de Cultura, 45.000 por cada uno de los delitos de los que se acusa, lo que supone una importante reducción frente a la solicitud inicial, que era de 1,9 millones.
En el caso del arquitecto Borja Ramilo, el fiscal demandó finalmente una sanción de 70.500 euros, tres por cada uno de los convenios que se negociaban, frente a los 585.000 del inicio de la causa. Para modificar ambas peticiones el fiscal se basa en la colaboración que han prestado los dos encausados con la justicia, que reconocieron su implicación en los hechos desde el comienzo de la vista.
acusación retirada
Además, el fiscal decidió retirar la acusación contra la ex novia de José Luis Mosquera, Belén Fernández, a la que se pedía una sanción de 135.000 euros, por entender que no existen pruebas que demuestren que era conocedora del plan para cobrar comisiones a cambio de favores urbanísticos.
Sí que mantiene el fiscal su petición inicial contra el ex edil de Urbanismo, Alejandro Gómez, cifrada en 1,9 millones de euros, por entender que las conversaciones grabada por la Guardia Civil durante la investigación confirman que aceptó sobornos.
En la jornada de ayer una de las declaraciones más llamativas fue la que realizó el abogado defensor del arquitecto Borja Ramilo, al afirmar que en el banquillo de los acusados 'no son todos los que están, ni están todos los que son'. El defensor de Gómez trató de cuestionar una vez más la validez de las escuchas y la forma en que la Guardia Civil obtuvo los datos personales del arquitecto, el único acusado al que se le intervino el teléfono. Ahora el jurado popular que tendrá que dictaminar la sentencia será el encargado de dirimir las responsabilidades en el caso.
En el caso del arquitecto Borja Ramilo, el fiscal demandó finalmente una sanción de 70.500 euros, tres por cada uno de los convenios que se negociaban, frente a los 585.000 del inicio de la causa. Para modificar ambas peticiones el fiscal se basa en la colaboración que han prestado los dos encausados con la justicia, que reconocieron su implicación en los hechos desde el comienzo de la vista.
acusación retirada
Además, el fiscal decidió retirar la acusación contra la ex novia de José Luis Mosquera, Belén Fernández, a la que se pedía una sanción de 135.000 euros, por entender que no existen pruebas que demuestren que era conocedora del plan para cobrar comisiones a cambio de favores urbanísticos.
Sí que mantiene el fiscal su petición inicial contra el ex edil de Urbanismo, Alejandro Gómez, cifrada en 1,9 millones de euros, por entender que las conversaciones grabada por la Guardia Civil durante la investigación confirman que aceptó sobornos.
En la jornada de ayer una de las declaraciones más llamativas fue la que realizó el abogado defensor del arquitecto Borja Ramilo, al afirmar que en el banquillo de los acusados 'no son todos los que están, ni están todos los que son'. El defensor de Gómez trató de cuestionar una vez más la validez de las escuchas y la forma en que la Guardia Civil obtuvo los datos personales del arquitecto, el único acusado al que se le intervino el teléfono. Ahora el jurado popular que tendrá que dictaminar la sentencia será el encargado de dirimir las responsabilidades en el caso.
