La Audiencia de A Coruña se declaró ayer incompetente para juzgar la denuncia de fraude sobre gasóleo por valor de 20 millones de euros y en el que están presuntamente implicadas 23 personas, y decidió trasladar el caso a la Audiencia de Pontevedra. La decisión fue tomada a mediodía tras aceptar la sala la alegación de que no hubo delito fiscal en esta provincia.
Esta petición, a la que los letrados de las defensas sumaron dilación indebida -el presunto fraude se cometió entre 1998 y 2000- y prescripción de los delitos, fue respaldada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El caso, en el que están supuestamente involucrados 23 personas, entre ellos empresarios, agentes de aduanas y guardias civiles, será remitido ahora a la Audiencia de Pontevedra -provincia en la que presuntamente se cometió el fraude-, que deberá decidir si asume o no el caso, cuyo juicio en A Coruña estaba programado para una duración estimada de un mes.
385 AÑOS DE PRISIÓN
Los imputados se enfrentan a una petición de 385 años de prisión y a peticiones de multas por valor de 738 millones de euros por un fraude que podría alcanzar los 20 millones de euros. El juicio deberá dirimir la causa en la que se responsabiliza a los 23 sospechosos de una presunta desviación gasóleo B, del denominado régimen fiscal suspensivo, procedente del depósito fiscal de Forestal del Atlántico, en Mugardos, a diversas sociedades radicadas en Portugal para comercializarlo después en Galicia como gasóleo A, exento de impuestos especiales y del IVA.
Los agentes de la Guardia Civil están acusados de firmar resguardos de aprovisionamientos del gasóleo que no se producía o se hacía en menor cantidad y los funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera, con sede Pontevedra, de facilitar información a los empresarios. En conjunto, la Fiscalía les imputa once delitos contra la Hacienda Pública, otros siete de falsedad en documento mercantil y otros cargos vinculados a esa presunta trama.
Los abogados de la defensa de los acusados personados en la mañana de ayer en la Audiencia de A Coruña en la Audiencia de 20 de los 23 imputados negaron los hechos imputados y solicitan la libre absolución por inexistencia de delito, precisó una de las letradas, Ana Villar.
385 AÑOS DE PRISIÓN
Los imputados se enfrentan a una petición de 385 años de prisión y a peticiones de multas por valor de 738 millones de euros por un fraude que podría alcanzar los 20 millones de euros. El juicio deberá dirimir la causa en la que se responsabiliza a los 23 sospechosos de una presunta desviación gasóleo B, del denominado régimen fiscal suspensivo, procedente del depósito fiscal de Forestal del Atlántico, en Mugardos, a diversas sociedades radicadas en Portugal para comercializarlo después en Galicia como gasóleo A, exento de impuestos especiales y del IVA.
Los agentes de la Guardia Civil están acusados de firmar resguardos de aprovisionamientos del gasóleo que no se producía o se hacía en menor cantidad y los funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera, con sede Pontevedra, de facilitar información a los empresarios. En conjunto, la Fiscalía les imputa once delitos contra la Hacienda Pública, otros siete de falsedad en documento mercantil y otros cargos vinculados a esa presunta trama.
Los abogados de la defensa de los acusados personados en la mañana de ayer en la Audiencia de A Coruña en la Audiencia de 20 de los 23 imputados negaron los hechos imputados y solicitan la libre absolución por inexistencia de delito, precisó una de las letradas, Ana Villar.
