Galicia

Autoridades y funcionarios podrán aceptar comidas, hospedajes o invitaciones a eventos ligados al ejercicio de su cargo

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LA XUNTA DISEñARá UNA GUíA DE CLáUSULAS SOCIALES PARA CONTRATACIóN

Autoridades y funcionarios podrán aceptar comidas, hospedajes o invitaciones a eventos ligados al ejercicio de su cargo

La Xunta graduará las sanciones por incumplir su código ético según el prejuicio y obliga a devolver cualquier obsequio "en metálico"
 

El código ético de la Xunta permitirá aceptar como "muestras o atenciones de cortesía social e institucional" las comidas, hospedajes e invitaciones a actos de contenido cultural o a espectáculos públicos cuando sean "por razón de cargo o de la función que ostente" el cargo o empleado público de la Administración autonómica en cuestión.

La Xunta ha remitido este viernes a los sindicatos, también incluye en el apartado de obsequios que pueden ser aceptados por sus autoridades y empleados públicos los artículos de propaganda o publicidad que "por su escasa entidad" resulte "sencillo" discernir sin necesidad de efectuar "un juicio de valor" (como agendas, calendarios o bolígrafos).

Igualmente, acepta los gastos y atenciones derivadas de la participación o presencia en ponencias, congresos, seminarios o actos similares de carácter científico, técnico o cultural, y los obsequios oficiales o de carácter protocolario. Eso sí, en caso de sobrepasar los 90 euros, deberán ser oportunamente notificados al órgano competente "para que gestione su destino".

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya había avanzado en la pasada jornada que las "cortesías" estarían limitadas a 90 euros --por debajo de los 150 que determina la Comisión Europea-- y había apuntado que, al margen de la devolución de los presentes que superasen ese importe, cualquier duda se notificará y se remitirá a la inspección de la Xunta que deberá decidir el destino, por ejemplo ONG o "similares".

Al margen de obsequios institucionales, el código prohíbe expresamente "regalos, dádivas, beneficios o favores cualquiera que sea su naturaleza" para los empleados públicos, altos cargos y miembros del Gobierno gallego "ni para sí mismos ni para su círculo familiar inmediato.

Las devoluciones deberán ir acompañadas de una notificación por escrito en la que se invoque dicho código ético y, si fuera imposible el retorno del presente, se informará al órgano competente para que gestione su destino.

CLÁUSULAS SOCIALES Y AMBIENTALES

En los procedimientos de selección de personal y en los procedimientos de contratación también se impulsarán medidas y el código recoge, por ejemplo, que en desarrollo de la Ley de racionalización del sector público autonómico, sobre contratación ecológica y socialmente responsable, la Xunta "elaborará una guía de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública.

Dicha guía, incluirá medidas, orientaciones prácticas y ejemplos para introducir previsiones en este ámbito tanto en las cláusulas administrativas como en las prescripciones técnicas de los contratos.

Este mismo jueves, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, había pedido a la Xunta introducir "cláusulas sociales" en sus contratos, a fin de que su "esfera de protección" de los derechos laborales no termine en los funcionarios, sino que abarque también a los empleados de las adjudicatarias o concesionarias públicas.

Por otra parte, el documento de conducta del Gobierno gallego fija que las autoridades y funcionarios no podrán valerse de su posición para obtener "ventajas profesionales o materiales" como tratos de privilegio en la condonación de deudas bancarias, préstamos a interés cero o el uso gratuito de instalaciones, cuando exista régimen habitual de cobro.

Del mismo modo, se especifica que "bajo ningún supuesto" se podrá obtener lucro personal por el uso de información "privilegiada" de carácter financiero, bolsista o fiscal a la que tengan acceso.

GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES

En cuanto a las sanciones por incumplimiento del nuevo código ético de la Xunta, el cese automático se ciñe en el caso de los altos cargos al hecho de tener una cuenta en un paraíso fiscal. El resto de sanciones se graduarán en función de los perjuicios que supongan para el interés público.

En concreto, de detectarse una conducta "contraria" al contenido del código se abrirá "una información reservada" de inmediato con la finalidad de dilucidar si la misma pudiese ser constitutiva de infracción disciplinaria, "de acuerdo con la normativa vigente que resulte de aplicación de cada caso.

La multa que pudiese corresponder se graduará en función de los prejuicios que se ocasionen "para el interés público, de su repercusión y de su entidad".

En todo caso, en los supuestos de conductas contrarias al código que pudiesen ser constitutivas de delito, los órganos competentes remitirán las actuaciones a la Asesoría Xurídica Xeral para los efectos de evaluar su "posible remisión" al Ministerio Fiscal.