La nueva ley del suelo creará la figura del 'planeamiento básico' para los ayuntamientos de menos de menos de 5.000 habitantes -un 64 por ciento del total (202)-, que, además, se ofrece a realizar la Xunta.
Asimismo, ampliará las competencias de los ayuntamientos para dar licencias en suelo rústico y 'simplificará' la tramitación, de forma que se reducirán de seis a tres los años para elaborar un plan urbanístico. 'Le damos una enorme importancia estructural a este texto; es uno de los más importantes de la legislatura', ha sentenciado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente Alberto Núñez Feijóo, quien explicó los puntos fundamentales de la norma acompañado por el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández.
Ambos incidieron en que el reto último es que 'ningún ayuntamiento esté sin planeamiento urbanístico' y que la 'inmensa mayoría', sino los 314, finalicen la legislatura correctamente regulados. A día de hoy, pese a las exigencias de la ley actual, sólo 70 municipios gallegos cuentan con un plan general de ordenación municipal (PGOM).
En cuanto a los de tamaño más reducido, con mayores dificultades para cumplir la ley, Núñez Feijóo insistió en que la Xunta les ofrece 'desde ya' la posibilidad de asumir la realización de su planeamiento básico y explicó que de los 202 municipios de menos de 5.000 habitantes que hay en la comunidad, más de la mitad -110- no cuentan con un plan.
SIMPLIFICAR TRÁMITES
Al margen de asumir 'con medios técnicos y económicos' de la Xunta el planeamiento de estos ayuntamientos, si lo consideran oportuno y con la 'responsabilidad política' que supone dar este paso, Feijóo también incidió en que la nueva ley 'simplificará' los trámites con el objetivo de que un plan pueda estar listo 'en tres años', frente a los seis que conlleva su elaboración en la actualidad.
En concreto, se actuará sobre los dos focos principales de la dilación en la tramitación del planeamiento, como son los informes sectoriales y la tramitación ambiental. Así, se persigue sistematizar la obtención de los informes sectoriales autonómicos preceptivos, que se podrán pedir a través de la Secretaría Xeral competente en urbanismo cuando lo reclame el ayuntamiento.
La norma vigente establece diferentes momentos para la solicitud y plazos de emisión, cuyo trámite se prolonga hasta 18 meses. Ahora , se unifica dicha petición, que se deberá presentar tras la aprobación inicial, durante el periodo de información pública, y resolver en el plazo de tres meses; será el efecto del silencio positivo.
Ambos incidieron en que el reto último es que 'ningún ayuntamiento esté sin planeamiento urbanístico' y que la 'inmensa mayoría', sino los 314, finalicen la legislatura correctamente regulados. A día de hoy, pese a las exigencias de la ley actual, sólo 70 municipios gallegos cuentan con un plan general de ordenación municipal (PGOM).
En cuanto a los de tamaño más reducido, con mayores dificultades para cumplir la ley, Núñez Feijóo insistió en que la Xunta les ofrece 'desde ya' la posibilidad de asumir la realización de su planeamiento básico y explicó que de los 202 municipios de menos de 5.000 habitantes que hay en la comunidad, más de la mitad -110- no cuentan con un plan.
SIMPLIFICAR TRÁMITES
Al margen de asumir 'con medios técnicos y económicos' de la Xunta el planeamiento de estos ayuntamientos, si lo consideran oportuno y con la 'responsabilidad política' que supone dar este paso, Feijóo también incidió en que la nueva ley 'simplificará' los trámites con el objetivo de que un plan pueda estar listo 'en tres años', frente a los seis que conlleva su elaboración en la actualidad.
En concreto, se actuará sobre los dos focos principales de la dilación en la tramitación del planeamiento, como son los informes sectoriales y la tramitación ambiental. Así, se persigue sistematizar la obtención de los informes sectoriales autonómicos preceptivos, que se podrán pedir a través de la Secretaría Xeral competente en urbanismo cuando lo reclame el ayuntamiento.
La norma vigente establece diferentes momentos para la solicitud y plazos de emisión, cuyo trámite se prolonga hasta 18 meses. Ahora , se unifica dicha petición, que se deberá presentar tras la aprobación inicial, durante el periodo de información pública, y resolver en el plazo de tres meses; será el efecto del silencio positivo.
