Los grupos políticos discrepan en su demanda de responsabilidades

Paralelamente a las indagaciones del juez, el accidente ha supuesto la supervisión del sistema ferroviario para evitar que un drama de estas proporciones se pueda repetir. 'Todo en este momento está sometido a revisión' para propuestas de mejora, decía la ministra de Fomento, Ana Pastor, al anunciar el día 9 de agosto en el Congreso un conjunto de medidas para aumentar la seguridad en las vías, entre las que figuran un repaso de las velocidades o la instalación de comunicaciones 'manos libres' en las cabinas de los trenes.
El siniestro también ha llegado a la política y el jueves volvieron a aflorar los primeros encontronazos entre el PSOE y PP respecto a las responsabilidades del suceso.

El portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, insistió en que el trazado de la vía se cambió con el anterior Gobierno socialista, lo que mereció la crítica de la número dos del PSOE, Elena Valenciano, y de la responsable de política social, Trinidad Jiménez, que le demandó prudencia.

Mientras, la diputada popular en la Comunidad de Madrid, Teresa Gómez-Limón, herida en el accidente, acusó ayer al portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de convertirse en representante de los intereses de Adif, y Renfe, sobre los que la diputada pidió su imputación por considerarles responsables del accidente. Hernando dijo que 'el responsable evidente' del accidente 'es el conductor'.

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