El Gobierno apura lo que resta de legislatura para sacar adelante algunos proyectos de Ley pendientes, como el de la Igualad de Trato y no Discriminación, aprobado en Consejo de Ministros. En España existen 67 centros que separan a sus alumnos en función del sexo y que reciben financiación pública, una realidad que el Gobierno quiere eliminar, pese a que el Tribunal supremo en una reciente sentencia ha fallado a favor de estos colegios porque considera que no se trata de una medida discriminatoria.
Sin embargo, cada formación política lo ve de una forma. La diputada socialista Marta Estrada comparte las tesis de su partido y por eso se muestra a favor de que este tipo de colegios dejen de recibir financiación pública. Marta Estrada asegura que existe una clara discriminación de los alumnos por sexo y pone un ejemplo. 'Si tengo un hijo y una hija y quiero llevarles al colegio que está al lado de mi casa y es de ese tipo uno de los dos hijos no podrá ir. Y todo por una simple razón: su sexo'.
El diputado del PP Celso Delgado disiente completamente de ese punto de vista y recurre a una sentencia del Tribunal Supremo del 11 de julio de 2008 para concluir que 'no existe una prohibición o limitación constitucional a la financiación de la educación separada'. Recuerda que el mismo Tribunal argumentó que 'la enseñanza separada en sí misma no es discriminatoria'. Concluye Delgado asegurando que según la Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza 'no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo'.
SEGREGACIÓN
Por su parte, la diputada del BNG Olaia Fernández Davila se muestra partidaria del espíritu del Proyecto de Ley y no considera prudente que exista segregación entre chicos y chicas. 'Nosotros defendemos una educación en igualdad'. La parlamentaria nacionalista afirma que ese tipo de colegios ofrece una educación diferenciada para niños y niñas, y por eso argumenta que 'con esos criterios es imposible avanzar en una sociedad que busca la igualdad'.
La posibilidad de que exista una posible invasión competencial del Estado en una materia de las CC.AA. es rechazada por Marta Estrada. Afirma que el Estado no invade competencias porque es el que regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y a su vez.
Por su parte Celso Delgado se pregunta porqué dos leyes como la de Igualdad, del Ministerio de Sanidad, o la de Economía Sostenible, abarcan temas relativos a la educación. 'El ministerio de Educación debe ser el que trate la temática educativa junto con las Comunidades Autónomas sin injerencias de otros ministerios'.
Finalmente Olaia Fernández cree que existe una posible invasión competencial y por eso han asegurado que si no se corrigen determinados aspectos en su tramitación votarán en contra. 'La administración más cercana es la autonómica y eso lo tiene que recoger la Ley'.
El diputado del PP Celso Delgado disiente completamente de ese punto de vista y recurre a una sentencia del Tribunal Supremo del 11 de julio de 2008 para concluir que 'no existe una prohibición o limitación constitucional a la financiación de la educación separada'. Recuerda que el mismo Tribunal argumentó que 'la enseñanza separada en sí misma no es discriminatoria'. Concluye Delgado asegurando que según la Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza 'no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo'.
SEGREGACIÓN
Por su parte, la diputada del BNG Olaia Fernández Davila se muestra partidaria del espíritu del Proyecto de Ley y no considera prudente que exista segregación entre chicos y chicas. 'Nosotros defendemos una educación en igualdad'. La parlamentaria nacionalista afirma que ese tipo de colegios ofrece una educación diferenciada para niños y niñas, y por eso argumenta que 'con esos criterios es imposible avanzar en una sociedad que busca la igualdad'.
La posibilidad de que exista una posible invasión competencial del Estado en una materia de las CC.AA. es rechazada por Marta Estrada. Afirma que el Estado no invade competencias porque es el que regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y a su vez.
Por su parte Celso Delgado se pregunta porqué dos leyes como la de Igualdad, del Ministerio de Sanidad, o la de Economía Sostenible, abarcan temas relativos a la educación. 'El ministerio de Educación debe ser el que trate la temática educativa junto con las Comunidades Autónomas sin injerencias de otros ministerios'.
Finalmente Olaia Fernández cree que existe una posible invasión competencial y por eso han asegurado que si no se corrigen determinados aspectos en su tramitación votarán en contra. 'La administración más cercana es la autonómica y eso lo tiene que recoger la Ley'.
