La defensa de uno de los imputados en la Operación Pokemon, el empresario Manuel Santiso, socio de la adjudicataria de la grúa municipal en Lugo, ha solicitado la anulación del auto de prórroga de detención de su cliente, porque entiende que también en su caso, al igual que sucedió con el ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, excedió las 72 horas.
Según informaron fuentes jurídicas, la defensa de Santiso presentó un recurso ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo en el que hace constar esa circunstancia en el mes de octubre, pero esa apelación no llegó todavía a la Audiencia Provincial de Lugo.
De hecho, el supuesto retraso en la tramitación de ese recurso ya motivó varios escritos de protesta por parte de la defensa de Santiso, porque entiende que ya debería haber llegado a la Audiencia Provincial para su resolución.
En ese recurso, el abogado del empresario lucense solicita la anulación de la prórroga del auto de detención, por entender que la jueza no podía prorrogar las 72 horas legalmente establecidas para su paso a disposición judicial, así como que se anulen las medidas cautelares impuestas a su cliente, entre ellas la obligación de depositar una fianza para eludir la prisión.
El empresario Manuel Santiso, detenido en la primera fase de la Operación Pokemon, quedó finalmente en libertad tras prestar declaración el pasado 25 de septiembre ante la jueza instructora durante más de cinco horas, aunque para evitar la cárcel tuvo que abonar una fianza de 20.000 euros.
Precisamente, la salida de prisión de Fernández Liñares, el último de los imputados en la Operación Pokemon que permanecía en prisión, vino motivada por un auto de la Audiencia Provincial de Lugo en respuesta al recurso de apelación formulado por su propia defensa contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 1 de mantenerlo en la cárcel.
En declaraciones a Efe, su abogada, María Luz Canal, explicó que el auto de excarcelación dictado por la Audiencia se apoya en una 'doctrina del Tribunal Constitucional del año 2011', mediante la que se establece que las detenciones por orden judicial no pueden prorrogarse por más de 72 horas.
Esa doctrina adquirió relevancia mediática porque fue utilizada recientemente por la defensa para conseguir la libertad de varios sospechosos de colaborar con la mafia china en la llamada 'Operación Emperador'.
De hecho, el supuesto retraso en la tramitación de ese recurso ya motivó varios escritos de protesta por parte de la defensa de Santiso, porque entiende que ya debería haber llegado a la Audiencia Provincial para su resolución.
En ese recurso, el abogado del empresario lucense solicita la anulación de la prórroga del auto de detención, por entender que la jueza no podía prorrogar las 72 horas legalmente establecidas para su paso a disposición judicial, así como que se anulen las medidas cautelares impuestas a su cliente, entre ellas la obligación de depositar una fianza para eludir la prisión.
El empresario Manuel Santiso, detenido en la primera fase de la Operación Pokemon, quedó finalmente en libertad tras prestar declaración el pasado 25 de septiembre ante la jueza instructora durante más de cinco horas, aunque para evitar la cárcel tuvo que abonar una fianza de 20.000 euros.
Precisamente, la salida de prisión de Fernández Liñares, el último de los imputados en la Operación Pokemon que permanecía en prisión, vino motivada por un auto de la Audiencia Provincial de Lugo en respuesta al recurso de apelación formulado por su propia defensa contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 1 de mantenerlo en la cárcel.
En declaraciones a Efe, su abogada, María Luz Canal, explicó que el auto de excarcelación dictado por la Audiencia se apoya en una 'doctrina del Tribunal Constitucional del año 2011', mediante la que se establece que las detenciones por orden judicial no pueden prorrogarse por más de 72 horas.
Esa doctrina adquirió relevancia mediática porque fue utilizada recientemente por la defensa para conseguir la libertad de varios sospechosos de colaborar con la mafia china en la llamada 'Operación Emperador'.
