Explica la Fiscalía qeu el El R-22, el gas incautado, "es un gas cuyo uso está prohibido en casi todo el mundo porque afecta directamente a la capa de ozono atmosférico reduciendo su espesor"
Hasta 37.000 kilogramos de gas R-22, prohibido por ser muy dañino para la capa de ozono, han sido decomisados en una operación en la que se investiga a una veintena de empresas y cinco buques pesqueros, según informa la Fiscalía General del Estado.
El ministerio público indica en un comunicado que la investigación comenzó en septiembre de 2014, en colaboración con expertos de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente en Pontevedra, y ha logrado establecer un entramado para utilizar ese gas por parte de buques de pesca que operan en alta mar.
Según los investigadores, una firma española "habría estado comerciando ilegalmente con gas R-22, utilizando distintas argucias técnicas para camuflar la realidad de su actividad empresarial".
Así, "camuflaba cantidades, destinos reales y objeto de la actividad, vendiendo el gas a empresas comunitarias solicitando licencias de exportación a la Comisión Europea para justificar el gas vendido en los informes anuales que debe emitir la empresa".
Algunas de las exportaciones "se desviaban ilegalmente a empresas y buques españoles y de la Unión Europea o se exportaba el gas sin informar a la Aduana de la realidad de la materia y evitando de esa forma que pudiera ser controlada", apunta la Fiscalía del Estado.
El R-22, explica la Fiscalía, "es un gas cuyo uso está prohibido en casi todo el mundo porque afecta directamente a la capa de ozono atmosférico reduciendo su espesor".
A pesar de eso, empresas españolas y de otros Estados que han suscrito el Protocolo de Montreal, que prohíbe el uso de este gas, lo venían utilizando habitualmente.
Las aplicaciones más frecuentes del R-22 se relacionan con la producción de frío, en este caso en buques pesqueros que congelan en alta mar sus capturas, siendo la causa de su uso ilícito el hecho de que el kilo de este producto no supera en ningún caso los 10 euros, mientras que cualquiera de los sustitutos legales tienen un precio medio que ronda los 30 euros.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha premiado a la Fiscalía y al SEPRONA por esta operación.
