La Audiencia Provincial de Lugo estimó el recurso de queja formulado por la defensa del exdiputado autonómico del Partido Popular Pablo Cobián, presentado a raíz de la resolución en la que la instructora de la 'Operación Campeón' denegó la petición de sobreseimiento de la causa contra él, que se basaba en la nulidad de las conversaciones telefónicas intervenidas.
El abogado que se ocupa de la defensa del exdiputado popular, el letrado compostelano Ulises Bértolo, informó de que la Audiencia Provincial, en un auto firmado el 21 de junio, 'estima el recurso de queja de Pablo Cobián y considera que la jueza Estela San José denegó indebidamente la admisión a trámite del recurso de apelación'.
El letrado sostuvo que 'la resolución que había adoptado la jueza, en una cuestión de tanta gravedad como la supuesta vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones' de Pablo Cobián, 'impedía el conocimiento de la cuestión de fondo' por parte de la Audiencia Provincial.
Por otra parte, afirmó que también impedía que 'las demás partes personadas en el proceso, incluida la Xunta de Galicia', se pronunciasen sobre la 'cuestión debatida', algo que ahora 'sí se va a producir'. Bértolo insistió en 'que las escuchas de las conversaciones privadas de Pablo Cobián se realizaron durante más de siete meses de forma indirecta a través de las intervenciones telefónicas autorizadas por el juzgado respecto de otras personas'.
El letrado sostuvo que 'la resolución que había adoptado la jueza, en una cuestión de tanta gravedad como la supuesta vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones' de Pablo Cobián, 'impedía el conocimiento de la cuestión de fondo' por parte de la Audiencia Provincial.
Por otra parte, afirmó que también impedía que 'las demás partes personadas en el proceso, incluida la Xunta de Galicia', se pronunciasen sobre la 'cuestión debatida', algo que ahora 'sí se va a producir'. Bértolo insistió en 'que las escuchas de las conversaciones privadas de Pablo Cobián se realizaron durante más de siete meses de forma indirecta a través de las intervenciones telefónicas autorizadas por el juzgado respecto de otras personas'.
