El juez que instruye el Caso Campeón en el Supremo, José Ramón Soriano, ha pedido al tribunal que tramite el suplicatorio al Congreso para actuar contra el exministro socialista José Blanco por tráfico de influencias, aunque no por el delito de prevaricación que también le imputaba el fiscal. La decisión será recurrida por el diputado socialista y extitular de Fomento ante la Sala Penal del Supremo, que será la que tramite o no la petición del magistrado, aunque la práctica habitual en casos similares indica que se inclinará por la primera de las alternativas.
En todo caso el magistrado precisó en un auto dictado ayer que 'la petición de suplicatorio solo precisa de la existencia de simples indicios' que, a su juicio, se dan en la causa.El instructor del 'caso Campeón,' que también rechazó ayer una serie de diligencias de investigación solicitadas por el fiscal, considera que, llegados a este punto de su investigación a José Blanco -que no considera concluida-, es imprescindible solicitar el suplicatorio al Congreso.
Acerca del suplicatorio, Soriano respondió ayer tanto al fiscal Manuel Dolz, quien el pasado 12 de marzo le pidió que lo tramitara por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, como a la defensa del diputado, que solicitó el sobreseimiento y archivo del asunto. Mientras que sobre la inculpación de Blanco por prevaricación el juez le dice a Dolz que no acaba 'de detectar el propósito del fiscal', a la argumentación de la defensa contra la instrucción también le dedica duras palabras.
VACIADO DE ORDENADOR
Así, señala al abogado del exministro que, en contra de sus quejas, la Policía no está obligada a informar a los imputados de sus diligencias, porque de ser así la defensa podría 'desbaratar' sus pesquisas, como de hecho ha sucedido, dice, con el vaciado 'sospechoso' del ordenador 'perteneciente a un tercero' que decidió inspeccionar y se encontró vacío. En cuando al tráfico de influencias, en su escrito el fiscal relataba como hechos atribuidos a Blanco su supuesta mediación en la concesión de una autorización para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad del empresario gallego José Antonio Orozco, amigo del exministro, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi.
En diciembre de 2010 Orozco pidió a Blanco que influyera ante el alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, del PSC, para conseguir la licencia, que 'estaba siendo objeto de requerimientos municipales impeditivos', cuyo cumplimiento le habrían supuesto un coste de entre 175.000 y 500.000 euros, señalaba el fiscal. Según la investigación, la influencia de Blanco para la obtención de la licencia ambiental favorable para la empresa de Orozco se articuló a través del secretario de Transportes del Ministerio de Fomento, Isaías Taboas, miembro del PSC.
Soriano considera que este secretario de Estado actuaba como mandatario de Blanco, y que no se explicaría, si no fuera así, su actuación ante el alcalde, 'al que ni siquiera conocía'. Además, valora la presión que la fuerza política del cargo y del partido pudieron ejercer en Bosch.
Acerca del suplicatorio, Soriano respondió ayer tanto al fiscal Manuel Dolz, quien el pasado 12 de marzo le pidió que lo tramitara por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, como a la defensa del diputado, que solicitó el sobreseimiento y archivo del asunto. Mientras que sobre la inculpación de Blanco por prevaricación el juez le dice a Dolz que no acaba 'de detectar el propósito del fiscal', a la argumentación de la defensa contra la instrucción también le dedica duras palabras.
VACIADO DE ORDENADOR
Así, señala al abogado del exministro que, en contra de sus quejas, la Policía no está obligada a informar a los imputados de sus diligencias, porque de ser así la defensa podría 'desbaratar' sus pesquisas, como de hecho ha sucedido, dice, con el vaciado 'sospechoso' del ordenador 'perteneciente a un tercero' que decidió inspeccionar y se encontró vacío. En cuando al tráfico de influencias, en su escrito el fiscal relataba como hechos atribuidos a Blanco su supuesta mediación en la concesión de una autorización para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad del empresario gallego José Antonio Orozco, amigo del exministro, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi.
En diciembre de 2010 Orozco pidió a Blanco que influyera ante el alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, del PSC, para conseguir la licencia, que 'estaba siendo objeto de requerimientos municipales impeditivos', cuyo cumplimiento le habrían supuesto un coste de entre 175.000 y 500.000 euros, señalaba el fiscal. Según la investigación, la influencia de Blanco para la obtención de la licencia ambiental favorable para la empresa de Orozco se articuló a través del secretario de Transportes del Ministerio de Fomento, Isaías Taboas, miembro del PSC.
Soriano considera que este secretario de Estado actuaba como mandatario de Blanco, y que no se explicaría, si no fuera así, su actuación ante el alcalde, 'al que ni siquiera conocía'. Además, valora la presión que la fuerza política del cargo y del partido pudieron ejercer en Bosch.
