La jueza instructora de la 'Operación Pokemon', Pilar de Lara, dictó un auto para decretar la libertad provisional del responsable del sistema ORA en Lugo, Javier Reguera, después que éste depositase la fianza de 40.000 euros fijada por la Audiencia Provincial para permitir su excarcelación.
En todo caso, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aclaró en una nota informativa que la libertad provisional de Reguera está supeditada a las medidas cautelares impuestas por la propia Audiencia Provincial, que consisten en la retirada del pasaporte y en la obligación de presentarse todos los lunes en sede judicial.
La Audiencia Provincial de Lugo dictó un auto, que le fue comunicado ayer a las partes, en el que estimó el recurso planteado por la defensa de Javier Reguera, uno de los tres imputados en la 'Operación Pokemon' que fue enviado a prisión por la jueza instructora, y fijó una fianza de 40.000 euros para su excarcelación.
Fuentes de la defensa de Javier Reguera informaron a EFE de que ese auto dictado por la Audiencia Provincial responde al recurso presentado en su día contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital lucense, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.
La jueza instructora decidió enviar a prisión a Javier Reguera, al que acusa de delitos como cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, el pasado 26 de septiembre, después de prestar declaración, por lo que pasó más de un mes en la cárcel.
Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron en su día a EFE que Reguera es una de las piezas claves de la causa, por su proximidad al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, que también fue enviado a prisión por la instructora después de ser interrogado durante más de diez horas.
De los tres detenidos que fueron enviados a prisión, ahora sólo queda en la cárcel el que fuera concejal de Economía y Urbanismo de Lugo y ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares.
El otro imputado que ingresó en la cárcel por orden de la instructora, el gerente de Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, también depositó una fianza de 80.000 euros para dejar el centro penitenciario de Bonxe, donde fue internado el 23 de septiembre.
En su caso, también fue la Audiencia Provincial de Lugo la que fijó la cuantía de la fianza, al estimar el recurso presentado por su defensa.
La Audiencia Provincial de Lugo dictó un auto, que le fue comunicado ayer a las partes, en el que estimó el recurso planteado por la defensa de Javier Reguera, uno de los tres imputados en la 'Operación Pokemon' que fue enviado a prisión por la jueza instructora, y fijó una fianza de 40.000 euros para su excarcelación.
Fuentes de la defensa de Javier Reguera informaron a EFE de que ese auto dictado por la Audiencia Provincial responde al recurso presentado en su día contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital lucense, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.
La jueza instructora decidió enviar a prisión a Javier Reguera, al que acusa de delitos como cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, el pasado 26 de septiembre, después de prestar declaración, por lo que pasó más de un mes en la cárcel.
Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron en su día a EFE que Reguera es una de las piezas claves de la causa, por su proximidad al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, que también fue enviado a prisión por la instructora después de ser interrogado durante más de diez horas.
De los tres detenidos que fueron enviados a prisión, ahora sólo queda en la cárcel el que fuera concejal de Economía y Urbanismo de Lugo y ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares.
El otro imputado que ingresó en la cárcel por orden de la instructora, el gerente de Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, también depositó una fianza de 80.000 euros para dejar el centro penitenciario de Bonxe, donde fue internado el 23 de septiembre.
En su caso, también fue la Audiencia Provincial de Lugo la que fijó la cuantía de la fianza, al estimar el recurso presentado por su defensa.
