La Audiencia de A Coruña absolvió tanto al capitán del 'Prestige', Apostolos Mangouras; como al jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos, y al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors por los delitos contra el medio ambiente de los que eran acusados, mientras que únicamente el primero fue condenado a 9 meses de prisión por un delito de 'desobediencia grave'. Además exime al Gobierno español de sufragar los daños que se le reclamaban.
En su fallo, hecho público ayer en el undécimo aniversario del siniestro marítimo, ocurrido el 13 de noviembre de 2002, descarta la existencia de un 'reproche penal' en el caso de López Sors por la decisión de alejar el buque, 'discutible, pero parcialmente eficaz', apunta. Mientras, rechaza que el capitán o el jefe de máquinas 'ocultasen' defectos estructurales del buque.
El presidente de la sala que enjuició los hechos, Juan Luis Pía, fue el encargado de leer la sentencia, en gallego, ante una sala del TSXG abarrotada de público y con gran expectación de medios de comunicación -había 35 acreditados-. El magistrado justificó la absolución del capitán y el jefe de máquinas por los delitos medioambientales al considerar 'poco verosímil' que conociesen los defectos estructurales del buque o que 'cooperasen' para ocultarlos.
Así, sobre las causas del siniestro, afirma que los informes periciales aportados en el juicio son 'imprecisos y contradictorios' e incluso llega a tildar a algunos de 'sorprendentes' como la tesis de que una ola gigante provocó la avería del buque, 'que nadie vio y nadie registró', matizó.
Sobre el accidente, la sala sostiene que los peritos no determinaron 'con exactitud' la causa de la avería, aunque sí apunta a un 'fallo estructural' y 'un mal mantenimiento' del buque como desencadenantes. Sin embargo, precisa que estas deficiencias fueron 'inadvertidas u ocultas' para los que navegaban en el mismo. En base a ello, rechaza 'imprudencia' o 'conducta dolosa' por parte del capitán o el jefe de máquinas, pese a que sí admite 'ciertas decisiones negligentes como 'navegar en automático y aceptar una tripulación escasamente formada'.
Sin obviar el 'ánimo de lucro' de los operadores de este tipo de buques, insistió en que el buque tenía los certificados de navegabilidad exigidos en su momento. Con todo, el fallo admite que hubo 'alguna negligencia' en las revisiones y que los controles de la sociedad de clasificación ABS no fueron 'eficaces'.
SÓLO DESOBEDIENCIA
'Es poco verosímil que coopere en ocultar defectos estructurales que pongan en riesgo su vida, ni siquiera para cooperar con gestores supuestamente ambiciosos', afirma sobre Mangouras. 'Ni sabían, ni podían saber la existencias de graves deficiencias', llegó a decir sobre el capitán y jefe de máquinas, de los que descartó, como en Sors, 'conducta dolosa' o 'imprudente'. Por ello, únicamente considera probado el delito de desobediencia del capitán al que la sentencia reprocha el retraso en las operaciones de remolque del buque, en las primeras horas del siniestro, hasta tener la autorización del armador, cuestión por la que, según recordó, no se derivan responsabilidades civiles.
En similares términos, se manifestó sobre el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, del que la Sala sostiene que, con el alejamiento del buque, tomó una decisión 'discutible', pero 'parcialmente eficaz, enteramente lógica y claramente prudente'. 'Sorprende que se incrimine a quien trató de solucionar', señala la Sala, que defiende que la Administración española optó 'por una contaminación extensa, pero no muy intensa' con el vertido de fuel.
La Fiscalía solicitaba una indemnización de 4.328 millones de euros por estos daños, pero la sentencia exime al Gobierno español de sufragarlos después de que López Sors haya sido absuelto. Así las cosas, es probable que el Estado español tenga que emprender otro proceso judicial para cobrar los daños causados por la catástrofe al no ser condenados los dos marinos máximos responsables del barco, pues ni la aseguradora London P&I Club ni la armadora Mare Shippingson son responsables subsidiarias.
El presidente de la sala que enjuició los hechos, Juan Luis Pía, fue el encargado de leer la sentencia, en gallego, ante una sala del TSXG abarrotada de público y con gran expectación de medios de comunicación -había 35 acreditados-. El magistrado justificó la absolución del capitán y el jefe de máquinas por los delitos medioambientales al considerar 'poco verosímil' que conociesen los defectos estructurales del buque o que 'cooperasen' para ocultarlos.
Así, sobre las causas del siniestro, afirma que los informes periciales aportados en el juicio son 'imprecisos y contradictorios' e incluso llega a tildar a algunos de 'sorprendentes' como la tesis de que una ola gigante provocó la avería del buque, 'que nadie vio y nadie registró', matizó.
Sobre el accidente, la sala sostiene que los peritos no determinaron 'con exactitud' la causa de la avería, aunque sí apunta a un 'fallo estructural' y 'un mal mantenimiento' del buque como desencadenantes. Sin embargo, precisa que estas deficiencias fueron 'inadvertidas u ocultas' para los que navegaban en el mismo. En base a ello, rechaza 'imprudencia' o 'conducta dolosa' por parte del capitán o el jefe de máquinas, pese a que sí admite 'ciertas decisiones negligentes como 'navegar en automático y aceptar una tripulación escasamente formada'.
Sin obviar el 'ánimo de lucro' de los operadores de este tipo de buques, insistió en que el buque tenía los certificados de navegabilidad exigidos en su momento. Con todo, el fallo admite que hubo 'alguna negligencia' en las revisiones y que los controles de la sociedad de clasificación ABS no fueron 'eficaces'.
SÓLO DESOBEDIENCIA
'Es poco verosímil que coopere en ocultar defectos estructurales que pongan en riesgo su vida, ni siquiera para cooperar con gestores supuestamente ambiciosos', afirma sobre Mangouras. 'Ni sabían, ni podían saber la existencias de graves deficiencias', llegó a decir sobre el capitán y jefe de máquinas, de los que descartó, como en Sors, 'conducta dolosa' o 'imprudente'. Por ello, únicamente considera probado el delito de desobediencia del capitán al que la sentencia reprocha el retraso en las operaciones de remolque del buque, en las primeras horas del siniestro, hasta tener la autorización del armador, cuestión por la que, según recordó, no se derivan responsabilidades civiles.
En similares términos, se manifestó sobre el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, del que la Sala sostiene que, con el alejamiento del buque, tomó una decisión 'discutible', pero 'parcialmente eficaz, enteramente lógica y claramente prudente'. 'Sorprende que se incrimine a quien trató de solucionar', señala la Sala, que defiende que la Administración española optó 'por una contaminación extensa, pero no muy intensa' con el vertido de fuel.
La Fiscalía solicitaba una indemnización de 4.328 millones de euros por estos daños, pero la sentencia exime al Gobierno español de sufragarlos después de que López Sors haya sido absuelto. Así las cosas, es probable que el Estado español tenga que emprender otro proceso judicial para cobrar los daños causados por la catástrofe al no ser condenados los dos marinos máximos responsables del barco, pues ni la aseguradora London P&I Club ni la armadora Mare Shippingson son responsables subsidiarias.
