España ha gastado en diez años casi 31 millones de euros en litigios en Estados Unidos por el hundimiento del 'Prestige', sin lograr ni un dólar de la indemnización que exigía a ABS, la compañía clasificadora que autorizó navegar al petrolero que se hundió en 2002 frente a la costa gallega. Así lo hizo público ayer el diputado de IU Gaspar Llamazares, a raíz de una respuesta parlamentaria que ha recibido del Gobierno, en la que el Ejecutivo le indica que 'no es posible desglosar los recursos económicos dedicados' al resto de procedimientos judiciales que se han seguido en España, Francia y ante instancias comunitarias.
La respuesta escrita a Llamazares señala que en lo referente a las actuaciones en Estados Unidos, la Administración del Estado ha actuado, en un primer momento, a través del despacho Holland and Knight y, posteriormente, del despacho Squire Sanders, al que se incorporó el equipo jurídico contratado inicialmente por España. A continuación, explica que el importe total de lo abonado hasta diciembre de 2012 asciende a 30.925.536,92 euros.
Tras dar a conocer estos datos, Llamazares subrayó que a esos casi 31 millones hay que sumarles el coste de informes, viajes, dietas y asesorías externas relativos a la asistencia jurídica al Estado en el resto de pleitos seguidos tanto en España como en Francia, así como en otras instancias legales comunitarias, incluido el juicio que se sigue en estos momentos en Galicia.
El diputado de Izquierda Unida criticó que, 'pese a este inmenso desembolso, el Estado español no ha conseguido ninguna de las reclamaciones ni indemnizaciones que le llevaron a emprender estas actuaciones, cuya capacidad de recurso ya se ha agotado'. Llamazares recordó que estos 'elevadísimos' gastos jurídicos arrancan de la decisión del entonces Gobierno del Partido Popular de presentar, el 16 de marzo del año 2003, una demanda en Estados Unidos contra ABS (The American Bureau of Shipping, Inc.), empresa clasificadora del 'Prestige'.
Tras dar a conocer estos datos, Llamazares subrayó que a esos casi 31 millones hay que sumarles el coste de informes, viajes, dietas y asesorías externas relativos a la asistencia jurídica al Estado en el resto de pleitos seguidos tanto en España como en Francia, así como en otras instancias legales comunitarias, incluido el juicio que se sigue en estos momentos en Galicia.
El diputado de Izquierda Unida criticó que, 'pese a este inmenso desembolso, el Estado español no ha conseguido ninguna de las reclamaciones ni indemnizaciones que le llevaron a emprender estas actuaciones, cuya capacidad de recurso ya se ha agotado'. Llamazares recordó que estos 'elevadísimos' gastos jurídicos arrancan de la decisión del entonces Gobierno del Partido Popular de presentar, el 16 de marzo del año 2003, una demanda en Estados Unidos contra ABS (The American Bureau of Shipping, Inc.), empresa clasificadora del 'Prestige'.
