El Ayuntamiento de Lugo revisará el contrato de la grúa municipal, cuya concesionaria, la empresa Cechalva, es investigada en el marco de la Operación Pokemon, para analizar si le resultaría más rentable a la Administración local asumir directamente la gestión de ese servicio.
El pleno del Ayuntamiento de Lugo llegó aa un acuerdo en ese sentido, después de que el edil popular Enrique Rozas denunciase que cada coche retirado por la grúa le cuesta mil euros a los lucenses y que el déficit de este servicio, que ya asciende a un total de 3,5 millones de euros, podría aumentar de forma exponencial hasta el final de la concesión.
