La Ley de esperas máximas sanitarias vio la luz verde ayer con los votos únicos de los populares pese a que, según los socialistas, 'no se ha movido ni una coma' en la tramitación parlamentaria. Toda la oposición lamentó la aprobación de la normativa que, a su juicio, 'equipara la sanidad pública a la privada', mientras que BNG y AGE fueron más allá al tacharla de 'arma de destrucción masiva' de la sanidad.
En esencia, la normativa recoge la segunda opinión médica, se regula el documento de instrucciones previas (en el que el paciente deja constancia de su voluntad para el momento en que debido a su enfermedad no pueda expresarla) y se incluye la libre elección de facultativo (de primaria, pediatría) y enfermería y de centro para un proceso nuevo.
Sin embargo, serán decretos posteriores los que tendrán que desarrollar las especificidades de la normativa, como por ejemplo, definir cómo se va a poder elegir al profesional. En este puntos, PSdeG, BNG y AGE coincidieron en preguntarse cómo se va a poder facilitar esta opción en el medio rural, ámbito en el que en muchos casos 'sólo hay un médico'.
Además, todos los grupos de la oposición criticaron que el PPdeG no escuchó las advertencias del Consello Económico e Social (CES) y afirmó que 'no añade derechos', sino que se trata de una 'amalgama' en la que se recogen distintas normativas ya en vigor.
DISPARIDAD DE CRITERIOS
'Hoy estamos ante el proyecto de ley más importante de la legislatura. Impacta muy de lleno a la ciudadanía', proclamó, en contraposición, el popular Miguel Santalices, que deseó 'larga vida' a esta normativa impulsada por el departamento que dirige la conselleira Rocío Mosquera, presente en todo el debate, y que, por ejemplo, fija esperas máximas de 60 días para operaciones y 45 días para la primera consulta.
En su intervención, la portavoz sanitaria del PSdeG, Carmen Acuña, concluyó que esta normativa 'atenta contra la base fundamental del sistema público', al 'consolidar la pérdida de la universalidad y poner al mismo nivel la sanidad pública y privada'. Con ello se refiere a que, en el caso de que el plazo máximo no sea completado en el Sergas, los pacientes pueden ser derivados a la clínicas privadas para ser intervenidos y verán reembolsados los gastos. 'Ley marca PP: privatizadora y peligrosa para la sanidad pública', ha descrito, para sentenciar, posteriormente, que los 'ricos no esperan y los pobres no cuentan'.
'Es un día negro para la sanidad de Galicia; una ley de baja calidad y bajos escrúpulos. Incompatible con la sostenibilidad de la sanidad pública', abundó, por su parte, la diputada de AGE Eva Solla, quien advirtió de que con esta normativa 'sólo se favorece a las clínicas privadas'. En su opinión, esta ley supone un 'desvío de fondos públicos a la privada con medidas clasistas en la que habrá una sociedad de primera, una de segunda y otra tercera, residual'.
Montse Prado, por parte del BNG, señaló que esta normativa le da 'rango de ley a la privatización de la sanidad' y sirve para 'meterle recursos a la sanidad privada'. 'Drenan pacientes y recursos a la sanidad privada y legalizan la privatización', subrayó.
Frente a esta visión, Santalices señaló que, desde enero de 2014, 'las listas de espera pasarán a segundo plano' y remarcó que esta normativa 'tumba la barbaridad' de equiparar una operación de catarata con otra en la que está en juego la vida. '¿Ustedes creen que proponer libre elección de médico y de hospital es privatizar la sanidad? ¿Ustedes creen que eso es privatizar?¿Ustedes creen que reducir el plazo de 180 a 60 y 45 es privatizar la sanidad?', preguntó a modo de defensa de la normativa, y lamentó no contar con el apoyo de la oposición.
Sin embargo, serán decretos posteriores los que tendrán que desarrollar las especificidades de la normativa, como por ejemplo, definir cómo se va a poder elegir al profesional. En este puntos, PSdeG, BNG y AGE coincidieron en preguntarse cómo se va a poder facilitar esta opción en el medio rural, ámbito en el que en muchos casos 'sólo hay un médico'.
Además, todos los grupos de la oposición criticaron que el PPdeG no escuchó las advertencias del Consello Económico e Social (CES) y afirmó que 'no añade derechos', sino que se trata de una 'amalgama' en la que se recogen distintas normativas ya en vigor.
DISPARIDAD DE CRITERIOS
'Hoy estamos ante el proyecto de ley más importante de la legislatura. Impacta muy de lleno a la ciudadanía', proclamó, en contraposición, el popular Miguel Santalices, que deseó 'larga vida' a esta normativa impulsada por el departamento que dirige la conselleira Rocío Mosquera, presente en todo el debate, y que, por ejemplo, fija esperas máximas de 60 días para operaciones y 45 días para la primera consulta.
En su intervención, la portavoz sanitaria del PSdeG, Carmen Acuña, concluyó que esta normativa 'atenta contra la base fundamental del sistema público', al 'consolidar la pérdida de la universalidad y poner al mismo nivel la sanidad pública y privada'. Con ello se refiere a que, en el caso de que el plazo máximo no sea completado en el Sergas, los pacientes pueden ser derivados a la clínicas privadas para ser intervenidos y verán reembolsados los gastos. 'Ley marca PP: privatizadora y peligrosa para la sanidad pública', ha descrito, para sentenciar, posteriormente, que los 'ricos no esperan y los pobres no cuentan'.
'Es un día negro para la sanidad de Galicia; una ley de baja calidad y bajos escrúpulos. Incompatible con la sostenibilidad de la sanidad pública', abundó, por su parte, la diputada de AGE Eva Solla, quien advirtió de que con esta normativa 'sólo se favorece a las clínicas privadas'. En su opinión, esta ley supone un 'desvío de fondos públicos a la privada con medidas clasistas en la que habrá una sociedad de primera, una de segunda y otra tercera, residual'.
Montse Prado, por parte del BNG, señaló que esta normativa le da 'rango de ley a la privatización de la sanidad' y sirve para 'meterle recursos a la sanidad privada'. 'Drenan pacientes y recursos a la sanidad privada y legalizan la privatización', subrayó.
Frente a esta visión, Santalices señaló que, desde enero de 2014, 'las listas de espera pasarán a segundo plano' y remarcó que esta normativa 'tumba la barbaridad' de equiparar una operación de catarata con otra en la que está en juego la vida. '¿Ustedes creen que proponer libre elección de médico y de hospital es privatizar la sanidad? ¿Ustedes creen que eso es privatizar?¿Ustedes creen que reducir el plazo de 180 a 60 y 45 es privatizar la sanidad?', preguntó a modo de defensa de la normativa, y lamentó no contar con el apoyo de la oposición.
