Sólo el regidor de Riotorto, del BNG, ve prácticas sospechosas, mientras el de Entrimo critica 'reclamaciones sistemáticas'

La mayoría de alcaldes de municipios investigados justifican el aumento del censo, aunque prometen un análisis

La mayoría de los alcaldes de los ayuntamientos gallegos en los que la Oficina del Censo Electoral (OCE), dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha detectado un aumento de residentes 'significativo y no justificado' en los seis meses anteriores a la convocatoria de las elecciones municipales justifican el incremento de sus censos alegando cuestiones laborales o retornos, y sólo en casos contados -como el de Riotorto (Lugo)- ven detrás algún tipo de práctica 'sospechosa'.
La OCE ha remitido a la Junta Electoral Central (JEC) los casos de 241 pequeñas localidades españolas, entre las que se encuentran 11 municipios gallegos -los lucenses de Riotorto, Ribeira de Piquín, Pol, Palas de Rei, Folgoso do Courel, Bóveda y Negueira de Muñiz; Mañón y Santiso (en A Coruña); y Lobeira y Entrimo (en Ourense)-, y se ha dirigido a todos ellos en busca de una justificación.

Además, la pasada semana el BNG entregó la documentación que posee para que la Fiscalía abra una investigación sobre una supuesta manipulación en Xinzo de Limia. En concreto, los nacionalistas piden que se investigue el empadronamiento del que fuera delegado provincial de Medio Ambiente en Ourense, Agustín Prado Verdeal, y de cuatro familiares en casa de un vecino de Xinzo con el que no tienen ningún parentesco.

También el alcalde de Palas de Rei (Lugo), el popular Fernando Pensado, ha detectado alguna 'situación llamativa' en su municipio, aunque ha incidido en que el censo aumenta también porque lo han hecho las oportunidades empresariales. Una opinión que comparten la mayoría de los ayuntamientos consultados por Europa Press que, se comprometen a analizar los casos, aunque casi todos han remitido ya informes explicativos y sostienen que las altas en el censo tienen 'su razón de ser'.

En esta situación está el alcalde de Pol (Lugo), el socialista Lino Rodríguez, quien ha admitido a Europa Press que su municipio sí ha registrado algunas altas, que atribuye a una cuestión de 'cambio de trabajo' y ha ejemplificado con el caso de unos nuevos vecinos 'procedentes de Barcelona'.

'Hay gente que viene y encuentra trabajo en la ganadería o en la madera', ha explicado Rodríguez, quien ha rechazado polemizar sobre algo que, a su juicio, es 'bueno' para el municipio y que confirma que en él se pueden encontrar oportunidades laborales.

'UNA CASUALIDAD'


De la misma opinión es el regidor de la también localidad lucense de Ribeira de Piquín, el popular Sabino Díaz, quien ha explicado que la desconfianza de la OCE se produce porque en uno de los últimos meses del año 2010 se registraron altas censales de varias personas procedentes de Asturias y de Barcelona, respectivamente.

'Se dio la casualidad de que se empadronaron en el mismo mes', señala el regidor, consciente de que estas altas se notan especialmente en una población que apenas supera los 1.000 habitantes, pero insiste en que él tampoco le va a 'negar a nadie el empadronamiento'. De hecho, no le preocupa que pueda haber 'recursos políticos' por parte de la oposición.

'Por mí que presenten lo que quieran; yo con esa gente no tengo ningún contacto, absolutamente ninguno; son personas que se han venido a vivir a Ribeira, pero no tengo ningún trato con ellos', ha esgrimido Díaz, en declaraciones a Europa Press.

'RECLAMACIÓN SISTEMÁTICA'


Por su parte, el alcalde de Santiso (A Coruña), Ovidio Leiva (PP), ha negado la existencia de altas 'exageradas' en el censo. 'Ojalá hubiese más, pero por desgracia sobre todo se producen bajas', ha subrayado el regidor, tras hacer hincapié en el carácter rural del municipio y referirse a vecinos que, aún trabajando en el municipio, viven en Melide por que hay más acceso a servicios sociales, empezando 'por las guarderías'.

En todo caso, desde Santiso se ha respondido 'a todas las peticiones' hechas desde la OCE, por lo que el regidor no teme a ningún recurso. 'No tenemos problema de ningún tipo y los censos se corresponden a la realidad del ayuntamiento', ha asegurado Leiva a Europa Press.

Tampoco el regidor de Entrimo (Ourense), el socialista Ramón Alonso, ha detectado 'tal aumento' del censo, si bien admite que hay 'alguna alta' en los últimos meses, pero siempre 'justificada'. De hecho, el alcalde vincula la investigación de la Oficina del Censo Electoral 'con la reclamación sistemática' del PP, 'que ya hizo lo mismo en las municipales de 2007'.

'Pero se le dio lo que pedía y está todo absolutamente normal', ha sentenciado el alcalde, en declaraciones a Europa Press, antes de lamentar la estrategia de 'denuncia por si acaso' de los populares. 'Es una pena porque está todo normal y quedamos bajo sospecha', ha lamentado.

PRÁCTICAS 'SOSPECHOSAS'


A diferencia de sus homólogos en otros ayuntamientos investigados, el alcalde de Riotorto (Lugo), el nacionalista Federico Gutiérrez, sí detecta prácticas 'sospechas' en el aumento de su censo, con unas 20 altas en tres meses, en un municipio cuyo padrón ronda los 1.500 habitantes.

En declaraciones a Europa Press, Gutiérrez ha admitido que alguna familia se ha empadronado por cuestiones de trabajo, pero también alerta de que varias personas que han dado este paso están 'muy vinculadas' con el candidato del PP.

Al respecto, el regidor ha indicado que ya se ha trasladado a la Oficina del Censo Electoral la disposición del Consistorio de investigar 'todo lo que sea necesario' y, si bien asegura que todavía no ha 'estudiado' en profundidad este asunto, no descarta 'algún tipo de recurso' de confirmarse que hay prácticas irregulares para manipular el censo.

ACTUACIONES DE LA OCE


Según informa la Oficina del Censo Electoral en su página web, la actualización del mismo se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa legal vigente, a partir de las comunicaciones mensuales de las variaciones de los datos de inscripción en los padrones municipales procedentes de los ayuntamientos.

Conforme a la legislación vigente, éstos deberán haber realizado las comprobaciones previas de que las nuevas inscripciones se corresponden con la situación real de residencia habitual de los ciudadanos.

Además, la reforma de la ley electoral determina que la OCE debe publicar el listado de municipios en los que se sospecha de fraude para facilitar que los representantes de las candidaturas puedan impugnar los censos.

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