Los manifestantes se concentraron inicialmente en los jardines de la Alameda de la capital gallega y posteriormente recorrieron varias calles del centro histórico de la ciudad
Varios miles de personas procedentes de varios puntos de Galicia se concentraron este domingo en Santiago de Compostela para reclamar a las autoridades más atención y ayuda al ámbito rural y denunciar el abandono del sector primario.
Los manifestantes se concentraron inicialmente en los jardines de la Alameda de la capital gallega y posteriormente recorrieron varias calles del centro histórico de la ciudad con pancartas alusivas a la necesidad de fomentar la silvicultura, agricultura, ganadería, caza, pesca y otras actividades productivas para contribuir al desarrollo de las zonas rurales de Galicia y preservar el medio ambiente.
El secretario general del sindicato agrario UUAA, Roberto García, destacó que "no hay incompatibilidad entre las distintas actividades de asociaciones" porque "el gran enemigo del rural no son los pescadores, cazadores, silvicultores, sino el abandono y la ausencia de agricultores y ganaderos que puedan hacer una gestión natural del territorio".
García indicó a un grupo de periodistas que el mantenimiento de los prados y cultivos son los que ejercen de "cortafuegos naturales" y señaló que "la ordenación del territorio es posible" si hay agricultores, ganaderos y otros actores que los gestione.
En opinión del líder de UUAA (siglas de Unións Agrarias), el ámbito rural afronta actualmente entre sus principales problemas el envejecimiento de la población, la falta de rentabilidad de las explotaciones y el "desmantelamiento de servicios públicos" como consecuencia de las medidas de ajuste de la Administración,
García observó que las estadísticas del Gobierno muestran que los ingresos de los agricultores y ganaderos son de un 75 % de la media salarial de un trabajador, en un momento en el que ya los sueldos de la población en general son "muy bajos".
Por ello, "vivir en el rural es asumir tener peores condiciones de vida, en educación o en sanidad", dijo García, quien advirtió de que las autoridades parecen no haber tomado conciencia de la situación de abandono.
Señaló que a partir del próximo mes de octubre los jubilados y pensionistas "deberán tener que interactuar con la Administración pública de forma digital", sin tener en cuenta que "la mayoría de los pueblos no tienen cobertura de acceso a internet" y de que "una mayoría de esas personas no tienen ni teléfono móvil ni correo electrónico, ni tampoco acceso a la información para ello".
El representante del sindicato agrario lamentó la "falta de sintonía y de realidad" para gestionar el ámbito rural, que representa un 80 % del territorio, comentó.
Preguntado por su opinión acerca de la posibilidad de que el nuevo presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, pueda nombrar como ministra de Agricultura a la socialista gallega Pilar Cancela, García indicó que esa es una facultad que le corresponde al jefe del Ejecutivo, pero consideró que sería positivo atendiendo a que es conocedora de la "idiosincrasia y especificidad" de Galicia.
Sin embargo, opinó que el "gran reto" que deberá asumir el próximo ministro es la negociación de la política agraria común, especialmente que "el ajuste en Bruselas no se haga sobre el gasto sino sobre el ingreso" porque "parece evidente que si hay que gastar más en migración, seguridad y defensa, y se incremente el presupuesto".
Para García, "no podemos descargar sobre quien menos tiene, tanto en servicios como en ingresos" el que cargue con el peso de la lucha contra el cambio climático" o el que financie "un medio ambiente más agradable para la sociedad".
Por su parte, el presidente de la federación de asociaciones de silvicultores y productores de madera Promagal, Ramón Reimunde, expresó su preocupación por las "excesivas distancias" impuestas por la Administración pública en los bordes de las carreteras, ríos y viviendas para prevenir incendios forestales, que conlleva la necesidad de talar árboles y maleza, y que representa un coste elevado para los propietarios de terrenos.
Reimunde consideró que la normativa de la Xunta supone que "quien tiene que pagar los costes es el propietario" e invitó a plantear una "expropiación", ya que calculó que eso afecta a unas 100.000 hectáreas de terreno en los márgenes de las carreteras, el equivalente a una pérdida de productividad de unos 50 millones de euros, según algunas estimaciones.
El representante de Promagal aludió particularmente a las distancias de seguridad de cuatro metros a cada lado de las carreteras secundarias y de diez metros en las demás, que obliga a los propietarios de esos terrenos a cortar árboles y maleza, además de los quince metros de distancia en las riberas de los ríos, algo que consideró "muy excesivo".
En su opinión, "si la Xunta impusiera todas las multas que debería poner por incumplir la ley podríamos acabar" con un monto equivalente al necesario para poder concluir las obras del inacabado complejo arquitectónico de la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, porque "sacaríamos millones y millones de euros", y afirmó que "esa ley -relativa a las franjas de seguridad en las carreteras- no la cumple casi nadie".
Asimismo, el presidente del Clúster de empresas madereras gallegas, Xosé Manuel Iglesias, expresó el apoyo al ámbito rural ante la "actividad heróica que supone hoy en día tener una actividad" en ese espacio, dijo.
Preguntado por las franjas de seguridad impuestas por la Xunta, consideró que sería "utópico" poder aplicar el plan de desbrozar las zonas de seguridad de las carreteras porque "no hay infraestructura suficiente ni para limpiar ni para recoger toda la madera".
