La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) dictó prisión provisional para ocho de los detenidos en el marco de la operación contra la distribución de droga en la Ría de Arousa, mientras que decidió dejar en libertad provisional a otros dos arrestados. Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aún quedan otros tres detenidos pendientes de prestar declaración ante la juez.
La Jefatura Superior de Policía de Galicia informó ayer de que en las últimas horas se había producido la detención de 10 nuevas personas en el marco de la 'Operación Sandía', que desarticula una organización criminal asentada en la Ría de Arousa y dedicada a la distribución de droga, con lo que se elevan a un total de 22 los detenidos. En esta nueva fase, explicó la Jefatura, se detuvo a 10 personas -tres de ellas mujeres- de edades comprendidas entre los 22 y los 44 años en las localidades pontevedresas de Vilagarcía, Ribadumia y Cambados, todos ellos españoles.
Asimismo, se realizaron registros en Vilagarcía, Vilanova y Ribadumia, en los que se intervinieron 115 gramos de cocaína, 900 gramos de sustancia de corte, 800 gramos de hachís, 100 gramos de marihuana, 16.000 euros, un revolver y 25 balas, dos pistolas simuladas, 27 móviles, cinco portátiles y una tableta y cinco básculas.
La 'Operación Sandía', a cargo de la Sección de Udyco de Pontevedra, se inició en junio de 2010, al tener conocimiento de la existencia de una organización delictiva, 'con sólida y eficaz estructura', según fuentes policiales, que permitiría distribuir estupefaciente en la provincia de Pontevedra.
Asimismo, se realizaron registros en Vilagarcía, Vilanova y Ribadumia, en los que se intervinieron 115 gramos de cocaína, 900 gramos de sustancia de corte, 800 gramos de hachís, 100 gramos de marihuana, 16.000 euros, un revolver y 25 balas, dos pistolas simuladas, 27 móviles, cinco portátiles y una tableta y cinco básculas.
La 'Operación Sandía', a cargo de la Sección de Udyco de Pontevedra, se inició en junio de 2010, al tener conocimiento de la existencia de una organización delictiva, 'con sólida y eficaz estructura', según fuentes policiales, que permitiría distribuir estupefaciente en la provincia de Pontevedra.
