La Consellería de Facenda impulsará el primer semestre de este año una nueva Ley de Patrimonio que adapte la norma aprobada en 1985 a la realidad actual y al tamaño de la Administración autonómica, de forma que garantice la gestión integral del mismo. De esta forma, la nueva ley será aplicable a todo el sector público autonómico, pues en estos momentos sólo se aplica a la Administración general,tal y como informaron ayer fuentes de la Xunta.
Además, el proyecto contempla la necesidad de incorporar, a los procedimientos administrativos de contratación de obras, un certificado relativo a la plena disponibilidad del bien inmueble sobre el que éstas se pretendan realizar, con la finalidad de garantizar que tales actuaciones se hacen en inmuebles que tengan su situación patrimonial totalmente regularizada.
Por otra parte, con esta nueva ley la Xunta contará con un inventario único de bienes y derechos de la comunidad autónoma, del que formarán parte tanto los de la Administración general, como el de las entidades públicas instrumentales. Facenda será la responsable de la gestión del inventario general de bienes y derechos de la comunidad sin perjuicio de la participación y facultades de las respectivas consellerías, sobre todo en bienes muebles.
Las entidades públicas instrumentales llevarán su propio inventario de bienes y derechos.
Igualmente, la nueva normativa tipificará por primera vez las infracciones y sanciones en las que incurrirán quienes realicen actos que produzcan daños o perjuicios al patrimonio autonómico, que se recogerán en el texto al que dará luz verde el Consello de la Xunta y que, posteriormente, será remitido al Parlamento para su debate.
Por otra parte, con esta nueva ley la Xunta contará con un inventario único de bienes y derechos de la comunidad autónoma, del que formarán parte tanto los de la Administración general, como el de las entidades públicas instrumentales. Facenda será la responsable de la gestión del inventario general de bienes y derechos de la comunidad sin perjuicio de la participación y facultades de las respectivas consellerías, sobre todo en bienes muebles.
Las entidades públicas instrumentales llevarán su propio inventario de bienes y derechos.
Igualmente, la nueva normativa tipificará por primera vez las infracciones y sanciones en las que incurrirán quienes realicen actos que produzcan daños o perjuicios al patrimonio autonómico, que se recogerán en el texto al que dará luz verde el Consello de la Xunta y que, posteriormente, será remitido al Parlamento para su debate.
