El juez ordena sumar al proceso principal el caso de la Fábrica de la Luz
El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo acordó la acumulación a la pieza principal de la denominada operación Pokemon de la causa por blanqueo de capitales abierta contra el exedil del Ayuntamiento de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, Francisco Liñares, y un empresario. Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en esta última se investigaron la contratación del proyecto, ejecución de obras y explotación de la antigua Fábrica de la Luz de Lugo, así como el concurso de adjudicación de la publicidad en los autobuses urbanos y la elaboración del pliego de condiciones para adjudicar el servicio municipal de autobuses.
El magistrado, al igual que indicó la Audiencia lucense en un auto, recuerda que, procesalmente, se podría seguir la tramitación de la causa por blanqueo con independencia de la que instruye los posibles delitos origen de las ganancias sobre las que opera la figura del blanqueo de capitales, sin embargo, “no puede obviarse que se trata, inequívocamente, de delitos conexos y que deberían ser juzgados conjuntamente”. Por tanto, sigue el criterio de la Audiencia, que estima que se trata “de unos hechos que convendría que fueran enjuiciados en su conjunto en atención a la conexidad entre todas las conductas”.
El pasado mes de marzo la Audiencia condenó a Fernández Liñares a cinco años de prisión por delitos continuados de cohecho y prevaricación en relación a las mordidas aceptadas a cambio de obras. El tribunal, que le apreció la atenuante de dilaciones indebidas, le impuso también 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 7.200 euros.
Junto con Fernández Liñares, en esta pieza separada del caso Pokemon que instruyó en su día Pilar de Lara Cifuentes, la juez sancionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la forma caótica de llevar su juzgado, se sentaron en el banquillo nueve empresarios, de los que ocho confesaron los pagos al inculpado a cambio de contratos y solo uno mantuvo su inocencia. Este último fue absuelto de los delitos de cohecho y prevaricación.
COLABORACIÓN
La sala valora la colaboración de los industriales en el esclarecimiento de los hechos, ya que han sido de “gran ayuda a la hora de valorar la muy abundante y compleja prueba”. Fueron condenados como autores de los mismos delitos: un año y tres meses de cárcel, seis años de inhabilitación para empleo o cargo público y seis meses de inhabilitación para obtener subvencione y para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público, así como la inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social durante un año y nueve meses.
Algunas de estas obras se realizaron en la provincia de Ourense: las obras de emergencia para la estabilización de talud y reposición del cauce del arroyo afectado por su derrumbe a su paso por el paraje de Onduriña en Vilamartín de Valdeorras, así como otras en Xinzo, Entrimo, Padrenda o San Cibrao de Viñas.
