El Parlamento ha instado hoy a la Xunta a pedir la anulación o revocación de los acuerdos del consejo de administración de Novacaixagalicia por los que se aprobaron las indemnizaciones millonarias a sus directivos para reintegrarlas en el patrimonio de la caja y después comprar acciones del nuevo banco.
La proposición no de ley del PSdeG, transaccionada con el PPdeG y aprobada por unanimidad, contempla la exigencia de garantizar que los directivos de Novacaixagalicia y de Novagalicia banco desarrollen su actividad con transparencia, y que mientras exista participación de fondos públicos en la entidad solicitar que en su informe de gobierno corporativo haga públicas las remuneraciones de los actuales directivos del banco.
Además, solicita presentar 'de inmediato' en el Parlamento un proyecto de ley reguladora de las fundaciones de carácter especial de manera que los representantes de los órganos de gobierno cumplan los criterios semejantes a los aprobados por la Cámara y reflejados en la ley de cajas de ahorro, para evitar la participación de miembros con responsabilidad en la desaparición de Novacaixagalicia.
Pide también promover la continuidad de la obra social y que el Gobierno central facilite la participación de los ahorradores gallegos en el capital de la nueva entidad a modo de compromiso con Galicia, punto este último en el que el BNG se ha abstenido y, tras la votación, quiso incidir en que echa en falta una comisión de investigación.
El PSdeG defendió ayer esta proposición no de ley votada hoy sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta en relación con la situación de Novacaixagalicia, un tema que copó además la petición socialista de constituir una comisión de investigación sobre la desaparición de la caja gallega y el pago de las indemnizaciones y una moción nacionalista con el mismo enunciado que la proposición socialista aprobada hoy, ambas rechazadas.
Por otra parte, el pleno aprobó una proposición no de ley del PPdeG en la que se plantean medidas para la realización de paquetes de consumo eléctrico de los distintos ayuntamientos, atractivos para las empresas comercializadoras, con el objetivo de suavizar el gasto corriente en la factura eléctrica de las entidades locales.
El diputado del PPdeG Antonio Fraga ha sostenido que la disminución del alumbrado generaría una 'intranquilidad real' a los ciudadanos y por ello ha abogado por conformar grupos de ayuntamientos por áreas geográficas bajo un mismo operador, de manera que se saque a licitación un volumen de kilovatios por grupo, entre otras medidas, para aprovechar servicios y ventajas de la economía de escala.
El parlamentario del BNG Fernando Blanco ha argumentado que esta iniciativa ya se llevó a cabo el pasado año por la Diputación lucense con una cincuentena de ayuntamientos, y ha subrayado que entonces el concurso quedó desierto porque 'el mercado no existe'.
En este sentido, el diputado del PSdeG José Luis Méndez Romeu ha reclamado resolver la 'situación de asfixia' que la Xunta mantiene sobre los ayuntamientos por el 'escandaloso retraso' de 300 días en el pago del plan concertado de servicios sociales; y disminuir los gastos municipales mediante la asunción por el Gobierno gallego de competencias del pacto local como la relativa al consumo eléctrico.
Méndez Romeu ha reprochado a Fraga sus distintos criterios a la hora de plantear esta iniciativa 'irrelevante' al recordar que fue alcalde socialista y ahora diputado del PPdeG, y además ha dicho que lo que deben hacer la Xunta y las Diputaciones es establecer un sistema de avales sobre el pago del suministro a modo de garantía.
El pleno ha rechazado por otra parte una proposición no de ley del BNG sobre el incremento de los recursos presupuestarios destinados a la política de menores, pues ha llevado a cabo una 'disminución irresponsable' en este sentido para las personas más vulnerables, ha señalado el BNG.
