La secretaria de Medio Ambiente del PSdeG, Carmen Gallego, ha denunciado este miércoles que el impuesto sobre el agua se incrementará, a partir del próximo mes de enero, un 140 por ciento en virtud de 'cuatro decretos' que desarrollan la Ley de Aguas de Galicia.
En rueda de prensa, la también diputada socialista ha recordado que su partido ya alertó de esta situación, que fue negada por la Xunta, para incidir en que ahora se desvela el 'engaño masivo' del Gobierno autonómico.
Además, a su entender, este incremento del precio del agua -puede alcanzar un 280% en los ayuntamientos cuya depuradora es propiedad de la Xunta- se produce 'después' de celebradas las elecciones municipales y de que transcurran también las generales, porque supone 'lo contrario' a lo que 'preconiza el PP' de no subir los impuestos.
Otros aspectos que ha denunciado la socialista de estos cuatro decretos es que su plazo de exposición pública es 'a todas luces insuficiente', ya que termina el 9 de septiembre y los ayuntamientos no tuvieron conocimiento de ello hasta mediados de agosto, en pleno periodo estival.
'Es necesario que se amplíe el plazo', ha reclamado la exconselleira de Pesca, tras revelar que algunos municipios 'ni siquiera recibieron la comunicación', por lo que 'no están en disposición' de presentar alegaciones.
'INVASIÓN DE COMPETENCIAS MUNICIPALES'
Tras recordar que muchos ayuntamientos ya se opusieron a esta normativa por entender que supone una 'invasión de competencias municipales', ha señalado que los decretos 'promueven una menor presencia' de los municipios en la toma de decisiones en materia hidráulica, ya que su representación en Augas de Galicia se reduce de 'los cinco o seis' actuales a 'dos'.
Asimismo, en la realización de obras conjuntamente entre la Administración autonómica y la local, ésta última sale 'perjudicada', ya que no se beneficiaría, por ejemplo, de las bajas en las adjudicaciones.
De igual modo, en el caso de aquellas depuradoras municipales que asume la Xunta, Gallego ha incidido en que 'sólo se queda con la parte rentable', que es la gestión, sin hacerse cargo de las aguas residuales o de los problemas que puedan originarse en la conducción. 'Pasa a los ayuntamientos la carga de obras necesarias', ha enfatizado.
En la misma línea, ha criticado que el Gobierno gallego 'no asuma' las depuradoras de los núcleos de menos de 2.000 habitantes, pese a que los ayuntamientos pequeños 'son los que tienen más problemas' en el abastecimiento, el saneamiento y la depuración.
A mayores, ha resaltado que 'los ayuntamientos se convierten en recaudadores de la Xunta', tanto del canon del agua como del coeficiente de vertido, 'sin quedarse ni un solo euro'. 'Y tienen la obligación de que, lo que no recauden, pagarlo', ha advertido.
RECAUDACIÓN, 'PARA GASTO CORRIENTE'
Otro de los aspectos en que ha hecho hincapié la parlamentaria socialista es en el destino de la recaudación. Frente a 'la máxima' del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de que revertirían en inversiones hidráulicas, ha denunciado que los decretos 'dejan la puerta abierta' a que esos fondos se utilicen para 'el gasto corriente' de la Xunta o para obras 'en función del color político' y no del grado de necesidad de las entidades locales.
Dentro del apartado de los impuestos, también ha referido que 'se duplican impuestos' en dos provincias, Lugo y Ourense, donde operan las diferentes confederaciones hidrográficas. 'Los ciudadanos pagarán el coeficiente de vertido también a la Xunta', ha señalado.
Igualmente, se consolidarán 'ciudadanos de primera y de segunda', ya que los residentes en municipios cuya depuradora pertenezca al ayuntamiento 'sólo' tendrán que pagar el canon del agua -un 140 por ciento-, mientras que si es de titularidad autonómica abonarán a mayores el coeficiente de vertido. 'Hay un tratamiento fiscal diferente en función de la gestión de la EDAR', ha subrayado.
'ENGAÑO'
A todo ello se suma, según ha indicado, el 'engaño' perpetrado por la Xunta a colectivos que 'en teoría, estaban exentos', como son los que utilizan traídas vecinales o los que se ciñen a usos agrícolas. 'Pagan todos los que tengan alcantarillado', ha asegurado, incluyendo también a los propietarios de pozos.
Y es que el objetivo de esta ley es, según su criterio, la 'recaudación'. Ha basado esta acusación en que las instalaciones municipales que 'antes no pagaban' -bibliotecas, escuelas públicas- ahora tendrán que abonar el citado canon.
A la vista de esta situación, los socialistas llevarán a cabo una campaña de información por 'todos los ayuntamientos' para animarles a que presenten alegaciones, así como para que los usuarios de traídas vecinales o los que utilicen el agua con fines agrícolas 'vean el engaño'.
Ello, según ha aseverado la portavoz socialista en materia de medio ambiente, unido a iniciativas parlamentarias para reclamar a la Xunta que 'amplíe el plazo' para presentar alegaciones.
Además, a su entender, este incremento del precio del agua -puede alcanzar un 280% en los ayuntamientos cuya depuradora es propiedad de la Xunta- se produce 'después' de celebradas las elecciones municipales y de que transcurran también las generales, porque supone 'lo contrario' a lo que 'preconiza el PP' de no subir los impuestos.
Otros aspectos que ha denunciado la socialista de estos cuatro decretos es que su plazo de exposición pública es 'a todas luces insuficiente', ya que termina el 9 de septiembre y los ayuntamientos no tuvieron conocimiento de ello hasta mediados de agosto, en pleno periodo estival.
'Es necesario que se amplíe el plazo', ha reclamado la exconselleira de Pesca, tras revelar que algunos municipios 'ni siquiera recibieron la comunicación', por lo que 'no están en disposición' de presentar alegaciones.
'INVASIÓN DE COMPETENCIAS MUNICIPALES'
Tras recordar que muchos ayuntamientos ya se opusieron a esta normativa por entender que supone una 'invasión de competencias municipales', ha señalado que los decretos 'promueven una menor presencia' de los municipios en la toma de decisiones en materia hidráulica, ya que su representación en Augas de Galicia se reduce de 'los cinco o seis' actuales a 'dos'.
Asimismo, en la realización de obras conjuntamente entre la Administración autonómica y la local, ésta última sale 'perjudicada', ya que no se beneficiaría, por ejemplo, de las bajas en las adjudicaciones.
De igual modo, en el caso de aquellas depuradoras municipales que asume la Xunta, Gallego ha incidido en que 'sólo se queda con la parte rentable', que es la gestión, sin hacerse cargo de las aguas residuales o de los problemas que puedan originarse en la conducción. 'Pasa a los ayuntamientos la carga de obras necesarias', ha enfatizado.
En la misma línea, ha criticado que el Gobierno gallego 'no asuma' las depuradoras de los núcleos de menos de 2.000 habitantes, pese a que los ayuntamientos pequeños 'son los que tienen más problemas' en el abastecimiento, el saneamiento y la depuración.
A mayores, ha resaltado que 'los ayuntamientos se convierten en recaudadores de la Xunta', tanto del canon del agua como del coeficiente de vertido, 'sin quedarse ni un solo euro'. 'Y tienen la obligación de que, lo que no recauden, pagarlo', ha advertido.
RECAUDACIÓN, 'PARA GASTO CORRIENTE'
Otro de los aspectos en que ha hecho hincapié la parlamentaria socialista es en el destino de la recaudación. Frente a 'la máxima' del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de que revertirían en inversiones hidráulicas, ha denunciado que los decretos 'dejan la puerta abierta' a que esos fondos se utilicen para 'el gasto corriente' de la Xunta o para obras 'en función del color político' y no del grado de necesidad de las entidades locales.
Dentro del apartado de los impuestos, también ha referido que 'se duplican impuestos' en dos provincias, Lugo y Ourense, donde operan las diferentes confederaciones hidrográficas. 'Los ciudadanos pagarán el coeficiente de vertido también a la Xunta', ha señalado.
Igualmente, se consolidarán 'ciudadanos de primera y de segunda', ya que los residentes en municipios cuya depuradora pertenezca al ayuntamiento 'sólo' tendrán que pagar el canon del agua -un 140 por ciento-, mientras que si es de titularidad autonómica abonarán a mayores el coeficiente de vertido. 'Hay un tratamiento fiscal diferente en función de la gestión de la EDAR', ha subrayado.
'ENGAÑO'
A todo ello se suma, según ha indicado, el 'engaño' perpetrado por la Xunta a colectivos que 'en teoría, estaban exentos', como son los que utilizan traídas vecinales o los que se ciñen a usos agrícolas. 'Pagan todos los que tengan alcantarillado', ha asegurado, incluyendo también a los propietarios de pozos.
Y es que el objetivo de esta ley es, según su criterio, la 'recaudación'. Ha basado esta acusación en que las instalaciones municipales que 'antes no pagaban' -bibliotecas, escuelas públicas- ahora tendrán que abonar el citado canon.
A la vista de esta situación, los socialistas llevarán a cabo una campaña de información por 'todos los ayuntamientos' para animarles a que presenten alegaciones, así como para que los usuarios de traídas vecinales o los que utilicen el agua con fines agrícolas 'vean el engaño'.
Ello, según ha aseverado la portavoz socialista en materia de medio ambiente, unido a iniciativas parlamentarias para reclamar a la Xunta que 'amplíe el plazo' para presentar alegaciones.
