El PSdeG presentará en el Parlamento gallego iniciativas para paliar la 'escandalosa' situación que supone que 3.500 personas hayan perdido su vivienda y otras 5.000 se encuentren a punto de hacerlo, por desahucios, cuando Galicia es la comunidad con mayor porcentaje de pisos vacíos, un 18,6 %, lo que supone 290.000 viviendas.
El diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo destacó en conferencia de prensa que según los últimos datos del INE sobre vivienda en 2011, Galicia cuenta con 290.000 viviendas vacías, el mayor porcentaje de toda España, un 18,6 por ciento, que sube al 22,7 en la provincia de Ourense; o al 20,2 Lugo, mientras A Coruña es la cuarta de España con el 18,6.
También subrayó que hay ocho municipios de más de 20.000 habitantes (Lalín, Ames, Ribeira, Vilagarcía, Arteixo, Carballo, Ourense y Lugo) que figuran entre los treinta ayuntamientos españoles con mayor porcentaje de viviendas vacías.
Por tanto, dijo, la conclusión es que hay un exceso de pisos construidos, y se preguntó cómo se pueden 'casar' 290.000 viviendas vacías con 3.511 familias que perdieron su piso en 2012 o las 5.300 que están a punto de hacerlo al encontrarse en trámite judicial de desahucio.
A juicio de Bugallo, la política de vivienda está 'fracasando estrepitosamente, en el caso de que la hubiera porque, desde nuestro punto de vista, desapareció', señaló.
El diputado socialista manifestó que ni hay política para construir vivienda nueva, ni para el realojo de familias que perdieron la suya ni para poner en el mercado las que se encuentran vacías.
A este respecto, indicó que en los presupuestos de la Xunta para este año la dotación para vivienda es de 20 millones, cuando en 2009 era de 200, lo que supone una caída del 90 por ciento.
Indicó que ante esta situación se podrían arbitrar medidas para facilitar o bien la construcción de viviendas para realojo u otras impositivas que de alguna forma bonificara las viviendas ocupadas o penalizase las vacías, ya que Galicia cuenta con competencias plenas en vivienda.
Anunció que el PSdeG presentará una iniciativa para impulsar medidas de este tipo porque, dijo, es 'absolutamente escandalosa' la situación que permite desahucios con tal cantidad de viviendas vacías.
Por otra parte, el diputado socialista reiteró, como había hecho en el pasado pleno del Parlamento, sus críticas a la ley de Costas, que está terminando su tramitación.
Insistió en que la nueva norma trata de dar solución a las concesiones que se encuentran en zona de dominio público y que la norma anterior fijaba 2018 como fecha de conclusión, si bien ahora se abre la puerta a prorrogarla por 75 años más.
A este respecto, indicó que esta disposición solo beneficia a grandes empresas como Ence, y destacó que los informes medioambientales para la permanencia de las concesiones eran vinculantes en la anterior normativa, pero ahora pasan a ser 'determinante', por lo que el Estado tomará una decisión en base al interés general.
Además, afirmó, cambia la administración que tendrá la última palabra: antes era la comunidad autónoma y ahora el Gobierno, subrayó Bugallo, que consideró que esta norma trata de regularizar y prolongar la situación de empresas como Ence, Repsol o Petronor en otras zonas de España.
Bugallo también señaló que la ley resuelve problemas de extranjeros que tienen viviendas amenazadas y que ahora las regularizan en el Mediterráneo o Canarias.
Sin embargo, indicó que pese a que la ley amnistiará las construcciones de Moaña no figuren núcleos como Mogor en Marín, la isla de Arousa o Vilanova, por lo que reclamó una gestión de la Xunta para que se respete un acuerdo unánime del Parlamento que así lo pedía, así como las enmiendas de los senadores gallegos del PP que inicialmente no fueron aceptadas.
También subrayó que hay ocho municipios de más de 20.000 habitantes (Lalín, Ames, Ribeira, Vilagarcía, Arteixo, Carballo, Ourense y Lugo) que figuran entre los treinta ayuntamientos españoles con mayor porcentaje de viviendas vacías.
Por tanto, dijo, la conclusión es que hay un exceso de pisos construidos, y se preguntó cómo se pueden 'casar' 290.000 viviendas vacías con 3.511 familias que perdieron su piso en 2012 o las 5.300 que están a punto de hacerlo al encontrarse en trámite judicial de desahucio.
A juicio de Bugallo, la política de vivienda está 'fracasando estrepitosamente, en el caso de que la hubiera porque, desde nuestro punto de vista, desapareció', señaló.
El diputado socialista manifestó que ni hay política para construir vivienda nueva, ni para el realojo de familias que perdieron la suya ni para poner en el mercado las que se encuentran vacías.
A este respecto, indicó que en los presupuestos de la Xunta para este año la dotación para vivienda es de 20 millones, cuando en 2009 era de 200, lo que supone una caída del 90 por ciento.
Indicó que ante esta situación se podrían arbitrar medidas para facilitar o bien la construcción de viviendas para realojo u otras impositivas que de alguna forma bonificara las viviendas ocupadas o penalizase las vacías, ya que Galicia cuenta con competencias plenas en vivienda.
Anunció que el PSdeG presentará una iniciativa para impulsar medidas de este tipo porque, dijo, es 'absolutamente escandalosa' la situación que permite desahucios con tal cantidad de viviendas vacías.
Por otra parte, el diputado socialista reiteró, como había hecho en el pasado pleno del Parlamento, sus críticas a la ley de Costas, que está terminando su tramitación.
Insistió en que la nueva norma trata de dar solución a las concesiones que se encuentran en zona de dominio público y que la norma anterior fijaba 2018 como fecha de conclusión, si bien ahora se abre la puerta a prorrogarla por 75 años más.
A este respecto, indicó que esta disposición solo beneficia a grandes empresas como Ence, y destacó que los informes medioambientales para la permanencia de las concesiones eran vinculantes en la anterior normativa, pero ahora pasan a ser 'determinante', por lo que el Estado tomará una decisión en base al interés general.
Además, afirmó, cambia la administración que tendrá la última palabra: antes era la comunidad autónoma y ahora el Gobierno, subrayó Bugallo, que consideró que esta norma trata de regularizar y prolongar la situación de empresas como Ence, Repsol o Petronor en otras zonas de España.
Bugallo también señaló que la ley resuelve problemas de extranjeros que tienen viviendas amenazadas y que ahora las regularizan en el Mediterráneo o Canarias.
Sin embargo, indicó que pese a que la ley amnistiará las construcciones de Moaña no figuren núcleos como Mogor en Marín, la isla de Arousa o Vilanova, por lo que reclamó una gestión de la Xunta para que se respete un acuerdo unánime del Parlamento que así lo pedía, así como las enmiendas de los senadores gallegos del PP que inicialmente no fueron aceptadas.
