El Gobierno quiere sacar adelante una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que pretende profundizar en el carácter aconfesional del Estado que establece la Constitución.
La falta de una estricta separación entre lo público y lo religioso provoca de forma esporádica algunos episodios de confrontación. Uno de los últimos ha sido la irrupción de un grupo de jóvenes en una capilla en la Universidad Complutense de Madrid. Para la diputada del PP Ana Belén Vázquez la presencia de capillas en las universidades responde a un sentido histórico, ya que muchas de ellas fueran creadas y promovidas por la Iglesia y en concreto la Computense por el cardenal Cisneros.
Por el contrario el diputado socialista Alberto Fidalgo cree que la presencia de capillas en las universidades es una decisión que compete a las propias autoridades universitarias. Pero en todo caso también señala que la actividad educativa tendrá que separarse definitivamente de las connotaciones religiosas. Desde el BNG, el senador Xosé Manuel Pérez Bouza asegura que las universidades deben ser espacios para el conocimiento y el aprendizaje, pero no para el culto y el adoctrinamiento en ninguna religión.
SEPARACIÓN IGLESIA-ESTADO
Para la diputada Ana Vázquez la separación entre lo público y lo religioso no es posible en un país como España donde el 80% de sus ciudadanos se declaran católicos, porcentaje que sube al 90% en el caso de Galicia. 'La religión católica forma parte esencial de la formación e historia de España de su tradición y de su cultura', señala la diputada del PP, quien también apunta que un número tan importante de creyentes debe tener alguna relevancia pública 'algo que tuvieron en cuenta los legisladores constituyentes haciendo en el artículo 16 una mención especial a la religión católica'.
El diputado Alberto Fidalgo también recurre al artículo 16 de la Constitución para recordar que es el que garantiza la libertad religiosa, 'pero las creencias religiosas, que corresponden al ámbito de lo personal y que deben ser respetadas y tenidas en cuenta por los poderes públicos, no deben en ningún caso determinar o condicionar las actividades de la vida pública'.
Por su parte, Bouza asegura que los representantes públicos deben ser respetuosos con las creencias religiosas de los ciudadanos, pero impedir que éstas se mezclen con actividades de la vida pública.
Finalmente, la polémica sobre los símbolos religiosos le parece interesada a Ana Vázquez y una forma de buscar la confrontación en la sociedad. '¿Que opinarían los asturianos si les obligan a retirar el Crucifijo de su bandera? Sería absurdo', dice Vázquez. Desde el PSOE, Fidalgo expone que todos los centros públicos deberían estar libres de cualquier simbología religiosa para guardar la necesaria neutralidad y respeto. Por último, Bouza rechaza la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos, ya que a estos lugares acuden ciudadanos de diversas creencias a los que puede molestar determinadas manifestaciones religiosas.
Por el contrario el diputado socialista Alberto Fidalgo cree que la presencia de capillas en las universidades es una decisión que compete a las propias autoridades universitarias. Pero en todo caso también señala que la actividad educativa tendrá que separarse definitivamente de las connotaciones religiosas. Desde el BNG, el senador Xosé Manuel Pérez Bouza asegura que las universidades deben ser espacios para el conocimiento y el aprendizaje, pero no para el culto y el adoctrinamiento en ninguna religión.
SEPARACIÓN IGLESIA-ESTADO
Para la diputada Ana Vázquez la separación entre lo público y lo religioso no es posible en un país como España donde el 80% de sus ciudadanos se declaran católicos, porcentaje que sube al 90% en el caso de Galicia. 'La religión católica forma parte esencial de la formación e historia de España de su tradición y de su cultura', señala la diputada del PP, quien también apunta que un número tan importante de creyentes debe tener alguna relevancia pública 'algo que tuvieron en cuenta los legisladores constituyentes haciendo en el artículo 16 una mención especial a la religión católica'.
El diputado Alberto Fidalgo también recurre al artículo 16 de la Constitución para recordar que es el que garantiza la libertad religiosa, 'pero las creencias religiosas, que corresponden al ámbito de lo personal y que deben ser respetadas y tenidas en cuenta por los poderes públicos, no deben en ningún caso determinar o condicionar las actividades de la vida pública'.
Por su parte, Bouza asegura que los representantes públicos deben ser respetuosos con las creencias religiosas de los ciudadanos, pero impedir que éstas se mezclen con actividades de la vida pública.
Finalmente, la polémica sobre los símbolos religiosos le parece interesada a Ana Vázquez y una forma de buscar la confrontación en la sociedad. '¿Que opinarían los asturianos si les obligan a retirar el Crucifijo de su bandera? Sería absurdo', dice Vázquez. Desde el PSOE, Fidalgo expone que todos los centros públicos deberían estar libres de cualquier simbología religiosa para guardar la necesaria neutralidad y respeto. Por último, Bouza rechaza la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos, ya que a estos lugares acuden ciudadanos de diversas creencias a los que puede molestar determinadas manifestaciones religiosas.
