Santiago de Compostela, 28 jul (EFEAGRO).El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, dijo que los márgenes comerciales que paga el consumidor supera 7 veces lo que se nos abona a los agricultores por nuestros productos con lo que no somos culpables de los precios, son los intermediarios y las cadenas de distribución que aplican unos márgenes de usura.
García participó en la distribución de alimentos gratuitos que se hizo en Santiago al término de la campaña que llevó el agro bus a recorrer 22 ciudades y pueblos de Galicia, en total unos 1.600 kilómetros en los últimos 15 días.
En este tiempo se distribuyeron gratuitamente 6 toneladas de productos agrícolas y se recogieron unas 18.000 firmas que sumadas a otras en todo el Estado, permitirán promover una Iniciativa Legislativa Popular con objeto de terminar con los atropellos que se están produciendo en la cadena alimenticia.
En Santiago se distribuyeron 400 kilos de productos de la huerta en muy poco tiempo dado que antes de que se iniciará la distribución se creo una larga cola y no llegó el producto para regalar a todos los consumidores concentrados.
También a lo largo de la campaña dirigentes del sindicato gallego se reunieron con 40 colectivos ciudadanos afectados por las subidas de los precios de los alimentos.
Según UUAA en la huerta se registra casos como es el de la cebolla, con un margen comercial del 379 por ciento, se paga a 245 céntimos en origen y se venden a 1,15, pero también sucede con el tomate, que de 0,47 pasa a 2,06, un 338%, o la carne de ternera que de 3,26 va en los supermercados a 15,13%, sube el 364 por ciento para el consumidor.
En relación con la evolución de los precios de los productos agroganaderos en los últimos 16 años subieron casi tres veces más al consumidor de lo que crecieron para el productor.
La organización agraria propone a los Gobiernos una ley urgente de márgenes comerciales que controle y regule toda la cadena alimentaria, el doble etiquetado con precios en origen y en destino y con la identificación de la procedencia del producto.
También impulsar la implantación de códigos de buenas prácticas comerciales que autorregulen las relaciones entre aquellos que intervienen en la cadena agroalimentaria, y promover una normativa que incentive relaciones contractuales en las que se garantice que el precio percibido por el agricultor y ganaderos cubrirán al menos los costes de producción.
En este tiempo se distribuyeron gratuitamente 6 toneladas de productos agrícolas y se recogieron unas 18.000 firmas que sumadas a otras en todo el Estado, permitirán promover una Iniciativa Legislativa Popular con objeto de terminar con los atropellos que se están produciendo en la cadena alimenticia.
En Santiago se distribuyeron 400 kilos de productos de la huerta en muy poco tiempo dado que antes de que se iniciará la distribución se creo una larga cola y no llegó el producto para regalar a todos los consumidores concentrados.
También a lo largo de la campaña dirigentes del sindicato gallego se reunieron con 40 colectivos ciudadanos afectados por las subidas de los precios de los alimentos.
Según UUAA en la huerta se registra casos como es el de la cebolla, con un margen comercial del 379 por ciento, se paga a 245 céntimos en origen y se venden a 1,15, pero también sucede con el tomate, que de 0,47 pasa a 2,06, un 338%, o la carne de ternera que de 3,26 va en los supermercados a 15,13%, sube el 364 por ciento para el consumidor.
En relación con la evolución de los precios de los productos agroganaderos en los últimos 16 años subieron casi tres veces más al consumidor de lo que crecieron para el productor.
La organización agraria propone a los Gobiernos una ley urgente de márgenes comerciales que controle y regule toda la cadena alimentaria, el doble etiquetado con precios en origen y en destino y con la identificación de la procedencia del producto.
También impulsar la implantación de códigos de buenas prácticas comerciales que autorregulen las relaciones entre aquellos que intervienen en la cadena agroalimentaria, y promover una normativa que incentive relaciones contractuales en las que se garantice que el precio percibido por el agricultor y ganaderos cubrirán al menos los costes de producción.
