Las solicitudes de la Renta de Inclusión Social se duplicaron desde 2009 y su concesión se retrasa
Los grupos con representación en el Parlamento gallego pactaron pedir a la Xunta que "agilice" la tramitación de la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) y de las diferentes ayudas de inclusión social para cumplir los plazos que marca la normativa vigente. Además, acordaron que exceder el tiempo legal establecido suponga la concesión automática de este derecho por silencio administrativo.
Este acuerdo se logró a instancias del BNG, cuya diputada Carme Adán criticó -en la defensa de una moción- retrasos por encima de ocho meses para la concesión de la Risga. "Y lleva menos de 15 días cambiar de rey", contrastó, crítica con que trámites burocráticos retrasen "una ayuda de emergencia social".
Con la nacionalista coincidió Juan Fajardo, de AGE, quien culpó de esta situación al Gobierno que lidera Alberto Núñez Feijóo y que es "impasible ante las necesidades" de los ciudadanos, salvo que éstos sean "militantes o financiadores del PP".
También Carmen Gallego, desde filas socialistas, advirtió de que se están registrando "muchos retrasos" en la tramitación de las ayudas de emergencia social y que muchas personas en esta situación "están desesperadas". "Hay que hacer algo", demandó, "consciente" de las circunstancias en que vive "mucha gente".
Ante ello, la diputada popular Marta Rodríguez Arias se mostró también "consciente" de las "dificultades" que atraviesan "muchas familias gallegas" -como prueba el hecho de que las solicitudes de Risga se han duplicado desde 2009- y del "retraso" en la concesión de las ayudas. "La Xunta es consciente de lo que ocurre", enfatizó, y apeló al consenso entre todas las fuerzas políticas para "llegar a un acuerdo" que contribuya a paliar la situación.
Adecuar tiempo y plazos
Como consecuencia de este debate, los grupos pactaron pedir a la Xunta "agilizar" la tramitación de la Risga y las ayudas de inclusión social para "adecuar el tiempo a los plazos que marca la normativa vigente" y que a todas las personas que hayan solicitado la Risga por la Ley de Inclusión Social de Galicia y estén fuera de plazo -dos meses- se les reconozca su derecho por silencio administrativo. En cuanto a las solicitudes registradas antes del 31 de marzo del presente año, deberán resolverse en un plazo máximo de dos meses.
Además, en virtud de este acuerdo, se insta también a los ayuntamientos, como administración corresponsable de la tramitación de la Risga y de las ayudas de inclusión, a "agilizar" la tramitación de los expedientes.
