El testimonio de uno de los inspectores de Hacienda que investigó en su día la presunta trama de fraude fiscal, durante el segundo juicio que se celebró ayer en Vigo por esta causa, ratificó que algunas de las grandes empresas que están implicadas conseguían obtener dinero negro mediante la emisión de facturas falsas.
Así lo aseguró a preguntas de la defensa de Las 5 Jotas, el grupo de empresas pertenecientes a cuatro hermanos que ayer compartieron banquillo junto a uno de los administradores de Caamaño Sistemas Metálicos S.L. y Metales y Muebles Especiales, todos ellos acusados de los delitos de falsificación en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.
Al contrario de lo que ocurrió durante la primera vista de la causa, dividida en piezas separadas, la magistrada titular del Penal número 2 no permitió desviar la atención del caso concreto a enjuiciar, rechazando buena parte de las preguntas de la defensa de Las 5 Jotas por considerar que éstas eran improcedentes.
DECLARACIONES
No obstante, durante el interrogatorio a uno de los inspectores de Hacienda no sólo se puso sobre la mesa que varias de las grandes empresas implicadas consiguieran dinero negro con las facturas ficticias sino que el testigo y perito llegó a decir que 'puede que esa fuera la razón' de utilizar ese método fraudulento.
El letrado de Las 5 Jotas acusó a este inspector de 'mentir y de llevar una investigación parcial solo centrada en su cliente y no en las empresas receptoras' , mientras se preguntó si no le era sospechoso que grandes sociedades, con millones de facturación utilizaran este método totalmente fraudulento y criticó a la Administración por no molestarse en comprobar si las constructoras que se presentaban a los concursos de obra pública tenían deudas con la Seguridad Social y Hacienda.
José Manuel C., el principal responsable de Las 5 Jotas, reconoció en la vista seguida en la Audiencia haber emitido algunas de las facturas falsas en las que se basa todo el proceso e insistió en que 'eran las empresas las que me lo pedían a mí', algunas para descontar papel, otras para pagar horas extra a sus empleados y 'muchísimas para pagar favores a políticos por adjudicación de obras públicas', señaló su letrado. Además, quiso eximir de toda responsabilidad a sus tres hermanos. Para cada uno de ellos se solicita una pena de cinco años de cárcel y 575.000 euros en diferentes multas, mientras que para el administrador de la sociedad Caamaño&Filgueira S.L. se piden 18 meses y una multa de 378.000 euros.
Al contrario de lo que ocurrió durante la primera vista de la causa, dividida en piezas separadas, la magistrada titular del Penal número 2 no permitió desviar la atención del caso concreto a enjuiciar, rechazando buena parte de las preguntas de la defensa de Las 5 Jotas por considerar que éstas eran improcedentes.
DECLARACIONES
No obstante, durante el interrogatorio a uno de los inspectores de Hacienda no sólo se puso sobre la mesa que varias de las grandes empresas implicadas consiguieran dinero negro con las facturas ficticias sino que el testigo y perito llegó a decir que 'puede que esa fuera la razón' de utilizar ese método fraudulento.
El letrado de Las 5 Jotas acusó a este inspector de 'mentir y de llevar una investigación parcial solo centrada en su cliente y no en las empresas receptoras' , mientras se preguntó si no le era sospechoso que grandes sociedades, con millones de facturación utilizaran este método totalmente fraudulento y criticó a la Administración por no molestarse en comprobar si las constructoras que se presentaban a los concursos de obra pública tenían deudas con la Seguridad Social y Hacienda.
José Manuel C., el principal responsable de Las 5 Jotas, reconoció en la vista seguida en la Audiencia haber emitido algunas de las facturas falsas en las que se basa todo el proceso e insistió en que 'eran las empresas las que me lo pedían a mí', algunas para descontar papel, otras para pagar horas extra a sus empleados y 'muchísimas para pagar favores a políticos por adjudicación de obras públicas', señaló su letrado. Además, quiso eximir de toda responsabilidad a sus tres hermanos. Para cada uno de ellos se solicita una pena de cinco años de cárcel y 575.000 euros en diferentes multas, mientras que para el administrador de la sociedad Caamaño&Filgueira S.L. se piden 18 meses y una multa de 378.000 euros.
