Fiscalía, Abogacía del Estado y Nunca Máis rechazan la suspensión del proceso planteada por la defensa de Mangouras

El tribunal pospone la declaración de testigos hasta el 13 de noviembre

Mangouras, Argyropoulos y López-Sors, sentados en el banquillo de los acusados. (Foto: CABALAR)
El presidente el tribunal que juzga la catástrofe ocasionada por el vertido de fuel por el hundimiento del 'Prestige' en 2002, Juan Luis Pía, pospuso ayer la vista hasta el próximo 13 de noviembre, cuando se reanudarán las actuaciones con las declaraciones de los acusados. El 'macrojuicio' comenzó ayer en A Coruña y en sus dos primeras jornadas las numerosas partes personadas tuvieron la oportunidad de presentar alegaciones y reclamar la admisión de más testigos o pruebas periciales.
Durante la jornada de ayer, el fiscal especial de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, rechazó la suspensión del juicio solicitada por la defensa del principal acusado, el capitán del petrolero, y defendió la legalidad de las pruebas presentadas al proceso. Así, la segunda jornada del juicio se centró en el debate de la petición de suspensión requerida por el principal acusado, Apostolos Mangouras, de 76 años, al alegar el martes el letrado que le representa, José María Ruiz Soroa, que la armadora del petrolero, Universe Maritime, declarada responsable civil subsidiaria, no fue citada al proceso.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, el letrado que representa a la Xunta y numerosas acusaciones particulares rechazaron estos argumentos. En cuanto a la armadora del 'Prestige', el fiscal la acusó de 'huir' del procedimiento y sostuvo que la estrategia de Universe Maritime es la de 'evitar ser juzgada', por lo que reclamó que se mantenga su imputación como responsable civil subsidiaria.

Igualmente, se debatió sobre el requerimiento del abogado de la plataforma ciudadana 'Nunca Máis', personada como acusación particular, que reclamó la nulidad de la principal prueba pericial del juicio, que se refiere al estado estructural del petrolero. El tribunal deberá ahora decidir sobre estas cuestiones, especialmente en lo referente a las indemnizaciones, que la Fiscalía elevó notablemente, y dictar antes del 13 de noviembre un acto con su decisión.

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