La Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) constituyeron ayer el grupo de trabajo que se encargará de preparar el juicio por el hundimiento del buque 'Prestige', la catástrofe ecológica que provocó el petrolero al partirse en dos frente a las costas gallegas en 2002.
El grupo estará formado por la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, el director general de Xustiza, Juan José Martín, la subdirectora general de Sistemas de Información e Modernización da Administración Pública, María José García Sexto, el presidente de la Audiencia de A Coruña, José Luis Seoane Spiegelberg, y el fiscal del caso, Álvaro García Ortiz.
En la reunión mantenida por la mañana en la sede del alto tribunal, en A Coruña, los miembros de la comisión analizaron las necesidades organizativas que requerirá el juicio, que consta de 153 tomos de pieza principal, 2 tomos de piezas de situación personal, 168 tomos de responsabilidad civil, 35 tomos de piezas separadas del personación y 27 piezas documentales separadas.
Entre las propuestas analizadas por el grupo de trabajo destacan el expediente digital del caso, lo que permitirá optimizar el acceso de las partes a la documentación, y la planificación temporal del procedimiento para buscar la mejor localización para la celebración del juicio, informó la Xunta. Los casi 300.000 folios que componen la causa del 'Prestige' se encuentran ya en la Audiencia coruñesa, que deberá fijar ahora la fecha de celebración del juicio oral.
NUEVE AÑOS DE INSTRUCCIÓN
El pasado día 14 de noviembre, nueve años después del naufragio y la marea negra desprendida del buque, el Juzgado de Primera Instancia de la localidad coruñesa de Corcubión dio por concluida la fase de instrucción. En el auto dictado por el juzgado, su titular, Carmen Vieiras, delimita los delitos objeto de acusación y los responsables civiles directos y subsidiarios y exige una fianza de 1.200 millones de euros como medida cautelar a los acusados y por extensión a los responsables civiles subsidiarios.
En este auto, la juez mantiene la situación personal de los acusados: el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia, y contra el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por delitos contra el medio ambiente y daños.
Este año se consiguió localizar a través de la Interpol a uno de los marineros imputado, Argyropoulos Nikolaos, mientras que el otro, Irineo Maloto, sigue en paradero desconocido. Hace unos meses fue declarado en rebeldía, lo que obliga a celebrar el juicio sin su comparecencia. Si fuese localizado, sería juzgado de manera independiente al resto de los imputados, informó el TSXG.
Están señalados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (Fidac), y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.
En la reunión mantenida por la mañana en la sede del alto tribunal, en A Coruña, los miembros de la comisión analizaron las necesidades organizativas que requerirá el juicio, que consta de 153 tomos de pieza principal, 2 tomos de piezas de situación personal, 168 tomos de responsabilidad civil, 35 tomos de piezas separadas del personación y 27 piezas documentales separadas.
Entre las propuestas analizadas por el grupo de trabajo destacan el expediente digital del caso, lo que permitirá optimizar el acceso de las partes a la documentación, y la planificación temporal del procedimiento para buscar la mejor localización para la celebración del juicio, informó la Xunta. Los casi 300.000 folios que componen la causa del 'Prestige' se encuentran ya en la Audiencia coruñesa, que deberá fijar ahora la fecha de celebración del juicio oral.
NUEVE AÑOS DE INSTRUCCIÓN
El pasado día 14 de noviembre, nueve años después del naufragio y la marea negra desprendida del buque, el Juzgado de Primera Instancia de la localidad coruñesa de Corcubión dio por concluida la fase de instrucción. En el auto dictado por el juzgado, su titular, Carmen Vieiras, delimita los delitos objeto de acusación y los responsables civiles directos y subsidiarios y exige una fianza de 1.200 millones de euros como medida cautelar a los acusados y por extensión a los responsables civiles subsidiarios.
En este auto, la juez mantiene la situación personal de los acusados: el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia, y contra el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por delitos contra el medio ambiente y daños.
Este año se consiguió localizar a través de la Interpol a uno de los marineros imputado, Argyropoulos Nikolaos, mientras que el otro, Irineo Maloto, sigue en paradero desconocido. Hace unos meses fue declarado en rebeldía, lo que obliga a celebrar el juicio sin su comparecencia. Si fuese localizado, sería juzgado de manera independiente al resto de los imputados, informó el TSXG.
Están señalados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (Fidac), y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.
