El hasta ahora edil de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Servicio de la grúa y de la ORA en Santiago, Albino Vázquez Aldrey, comunicó ayer que renuncia como concejal en la ciudad, que abandona su escaño en la Diputación de A Coruña y cesa como militante del PPdeG. Lo trasladó a través de un escrito en el que argumenta la decisión en su 'situación procesal' comunicada en la madrugada de ayer por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara Cifuentes.
Vázquez Aldrey fue detenido el pasado jueves dentro de la denominada Operación Manga, segunda fase de la conocida como Operación Pokemon, y prestó declaración el viernes. La juez decretó para él libertad bajo fianza de 15.000 euros y está imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.
De acuerdo con las normas del PPdeG, esta situación obligaba a Vázquez Aldrey a dimitir de sus cargos. En el comunicado, explicó que será mañana, lunes, cuando formalice su renuncia como concejal. 'Como consecuencia de esta misma decisión también abandonaré mi escaño en la Diputación de A Coruña', señala.
Este paso se produce tras varios meses en los que las acciones judiciales han marcado el día a día del consistorio compostelano, cuyo máximo representante, el alcalde popular Ángel Currás, tiene la condición de doble imputado por su implicación en la Operación Pokémon y en un segundo caso de supuesta prevaricación y acoso moral a raíz de la denuncia de un policía local.
RELEVO DE ALCALDES
Santiago cobró protagonismo por sus 'escándalos de corrupción', en palabras de la oposición, pero también por el hecho de que Currás, que por el momento no tiene intención de dimitir, había relevado como alcalde a Gerardo Conde Roa menos de un año después de que éste recuperase para el PP la alcaldía de la ciudad tras 30 años de dominio socialista. Su partido forzó su marcha tras verse implicado en un caso de fraude fiscal.
Al margen de la salida de Conde Roa, desde el pasado septiembre, una cuarta parte de los miembros del grupo municipal de gobierno -tres de los 12 ediles- se han visto afectados por diversas acciones judiciales, además de dos funcionarios de los servicios de contratación y educación del Pazo de Raxoi, el jefe de gabinete del alcalde y la asesora para la coordinación de la Policía local en el Ayuntamiento.
El primer impacto de la Operación Pokemon, que investiga supuestos sobornos a políticos a cambio de adjudicaciones a empresas del Grupo Vendex, se produjo el 20 de septiembre del año pasado, jornada en la que fueron detenidos los ya exalcaldes de Ourense Francisco Rodríguez (PSOE), y Boqueixón, Adolfo Gacio (PP). El mismo día se detuvo a un funcionario del servicio de contratación de la capital gallega. Ya en diciembre, la instructora citó como imputada a la concejal de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez, ante sospechas de supuestas irregularidades en la contratación de personal en la guardería de Salgueiriños. fluencias. A principios de enero, poco después de la declaración de Domínguez, De Lara imputó a Currás, y a su jefe de gabinete, Francisco Castro.
De acuerdo con las normas del PPdeG, esta situación obligaba a Vázquez Aldrey a dimitir de sus cargos. En el comunicado, explicó que será mañana, lunes, cuando formalice su renuncia como concejal. 'Como consecuencia de esta misma decisión también abandonaré mi escaño en la Diputación de A Coruña', señala.
Este paso se produce tras varios meses en los que las acciones judiciales han marcado el día a día del consistorio compostelano, cuyo máximo representante, el alcalde popular Ángel Currás, tiene la condición de doble imputado por su implicación en la Operación Pokémon y en un segundo caso de supuesta prevaricación y acoso moral a raíz de la denuncia de un policía local.
RELEVO DE ALCALDES
Santiago cobró protagonismo por sus 'escándalos de corrupción', en palabras de la oposición, pero también por el hecho de que Currás, que por el momento no tiene intención de dimitir, había relevado como alcalde a Gerardo Conde Roa menos de un año después de que éste recuperase para el PP la alcaldía de la ciudad tras 30 años de dominio socialista. Su partido forzó su marcha tras verse implicado en un caso de fraude fiscal.
Al margen de la salida de Conde Roa, desde el pasado septiembre, una cuarta parte de los miembros del grupo municipal de gobierno -tres de los 12 ediles- se han visto afectados por diversas acciones judiciales, además de dos funcionarios de los servicios de contratación y educación del Pazo de Raxoi, el jefe de gabinete del alcalde y la asesora para la coordinación de la Policía local en el Ayuntamiento.
El primer impacto de la Operación Pokemon, que investiga supuestos sobornos a políticos a cambio de adjudicaciones a empresas del Grupo Vendex, se produjo el 20 de septiembre del año pasado, jornada en la que fueron detenidos los ya exalcaldes de Ourense Francisco Rodríguez (PSOE), y Boqueixón, Adolfo Gacio (PP). El mismo día se detuvo a un funcionario del servicio de contratación de la capital gallega. Ya en diciembre, la instructora citó como imputada a la concejal de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez, ante sospechas de supuestas irregularidades en la contratación de personal en la guardería de Salgueiriños. fluencias. A principios de enero, poco después de la declaración de Domínguez, De Lara imputó a Currás, y a su jefe de gabinete, Francisco Castro.
