La Fiscalía solicita penas de 4 años de prisión cada uno para tres vecinos de Vigo de origen colombiano que serán juzgados en la Audiencia provincial de Pontevedra el jueves, a los que acusa de tráfico de drogas, tras haber recibido cuatro placas de cocaína procedentes de Argentina, con casi un kilo de peso, y que le fueron remitidas a uno de los acusados por un servicio de mensajería internacional.
La vista contra Carolina Z.O., Cristian A.V. (ambos prestaban servicios en el Ejército del Aire), y Alejandra Z.O. se iba a celebrar el pasado 19 de junio, pero tuvo que ser suspendida por la incomparecencia del acusado. En aquel momento, el tribunal informó de que se emitiría una orden de búsqueda para localizar a esta persona, y que se fijaría un nuevo juicio cuando fuese localizado.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, estos tres vecinos de la ciudad, de origen colombiano, concertaron con una cuarta persona el envío de un paquete con cuatro placas de cocaína, camuflada entre efectos textiles.
El paquete fue remitido por DHL vía aeropuerto de Leipzig (Alemania), donde fue interceptado por la Oficina de Investigación Criminal y Aduanera de Dresde, el 23 de abril de 2010. Las autoridades acordaron que se procedería a la entrega vigilada de este paquete, de manera que la droga fue recogida en Madrid por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.
C.Z.O. figuraba como destinataria del envío, aunque la Fiscal sostiene que todos los acusados conocían su contenido, y que dicho envío fue concertado por todos o por alguno de ellos 'con el consentimiento de los demás'. En total, el paquete contenía casi un kilo de droga que, en el mercado negro de venta al por menor alcanzaría un valor estimado de algo más de 100.000 euros.
PETICIÓN DE PENAS
Por estos hechos, solicita cuatro años de cárcel y la imposición de una multa de 90.000 euros para cada uno de los acusados. Asimismo, reclama que, en caso de que los tres estén de forma irregular en España, la condena sea sustituida por la expulsión del país y se les prohíba su entrada durante 7 años.
En este caso, la Fiscal también ha pedido que, si son condenados a prisión, cumplan la pena en un centro penitenciario mientras no se ejecuten los trámites de expulsión.
