Caballero anuncia "una gran movilización", mientras Currás hablará "con quien sea" para evitarlo.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciaba ayer que el Gobierno local promoverá una "gran movilización" para exigir que la ciudad olívica sea la sede principal del poder judicial de la provincia de Pontevedra. Caballero criticó el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, puesto que "relega a Vigo a sede desplazada", lo que supondrá "la desaparición del partido judicial que más causas genera en Galicia", para su centralización en Pontevedra.
Además, el alcalde señaló que esta reforma produce una situación de inseguridad y que "este modelo uniprovincial no va a funcionar, porque es pretender que Vigo funcione supeditado a Pontevedra". "Es una falta de consideración con la primera ciudad del oeste de España", apostilló.
Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Vigo -incluido el Partido Popular- han transmitido su oposición a esta iniciativa del Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón. De hecho, el pasado 31 de marzo el pleno acordó por unanimidad instar al Gobierno de España a que retirase esta propuesta de ley para que la ciudad olívica pueda mantener sus órganos judiciales. "La sede oficial de Pontevedra tiene que ser Vigo y si el proyecto contempla una única sede provincial, tiene que estar en Vigo", dijo ayer el regidor. De esta forma, anunció que el Gobierno municipal propondrá una declaración institucional y enviará cartas "a todos los miembros del poder judicial" y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Por su parte, el Partido Popular de Vigo se ha unido a esta reivindicación y ha asegurado que "agotará todas las vías posibles" para que el anteproyecto de ley sea revisado y el nuevo mapa judicial incluya "una excepción que recoja la singularidad" de la ciudad olívica.
Así, el portavoz del grupo popular, José Manuel Figueroa, remarcó ayer que Vigo debe tener un tratamiento "singular" porque "no hay ninguna otra ciudad que no sea capital de provincia que soporte su carga judicial, tanto en número de casos, como en sedes judiciales, en la ratio de asuntos por habitante y en los porcentajes de procedimientos en comparación con la capital provincial".
Santiago protesta
Mientras, el alcalde de Santiago, Ángel Currás (PP), se mostraba también ayer dispuesto a hablar "con el Gobierno central y con quien sea" para defender la demarcación judicial y que "no se lesionen" los intereses de la capital gallega. Currás recordó que el partido judicial de Santiago abarca 26 municipios y 274.000 habitantes. Del mismo modo, el regidor enfatizó que la demarcación tiene una carga de litigiosidad importante y que, por tanto, "está bien dimensionada".
Al margen, señaló que el partido judicial de Santiago es un "dinamizador económico" de la capitalidad.
