La portavoz parlamentaria de de Sanidade del Grupo Socialista, Carmen Acuña, alertó ayer de que el Gobierno gallego 'va a anular' el convenio con la Asociación de Técnicos Ortopédicos de Galicia, lo que va a afectar a 'más de 40.000 usuarios'. Una medida que supondrá para el Sergas tan solo 'el 0,1 por ciento de su presupuesto', alrededor de unos nueve millones de euros al año.
En el año 2000 se estableció un convenio entre la Consellería de Sanidade y los ortorpédicos gallegos según el cual ningún paciente del Sergas tendría que pagar más de 36 euros por cualquier prestación ortopédica. Es decir, que 'tanto si el doliente necesitaba unas plantillas como una faja lumbar tan sólo abonaba una parte y el resto lo ponía el propio Sergas', explicó la parlamentaria socialista.
Además, algunas prestaciones estaban exentas de pago, como en el caso de prótesis amputadas, oculares o audífonos para los menores de 30 años. La diputada subrayó además que 'sobre estas prestaciones bajo convenio existía un doble control, por un lado la prescripción facultativa y, por otro, el visto bueno de la inspección sanitaria'.
Puntualizó que una vez que finalizaba la necesidad, en los casos agudos, del material ortoprotésico como por ejemplo una silla de ruedas, está se devolvía para que pudiera ser utilizada por otro paciente en un sistema de préstamo tutelado por la administración autonómica. Así las cosas, criticó Acuña que 'con la disculpa e con la complicidad de los gobiernos del Partido Popular en el Estado y en Galicia esta situación parece que va a cambiar pues la consellería ha decidido poner fin a dicho convenio'.
Si se llegara a confirmar la denegación del mismo, 'los pacientes tendrán que abonar la totalidad del importe del material protésico que precisen', dijo, y añadió que 'durante el tiempo en que tarde en concretarse el decreto ley, 'no habrá excepciones ni por patologías ni por tramos de renta'.
Además, algunas prestaciones estaban exentas de pago, como en el caso de prótesis amputadas, oculares o audífonos para los menores de 30 años. La diputada subrayó además que 'sobre estas prestaciones bajo convenio existía un doble control, por un lado la prescripción facultativa y, por otro, el visto bueno de la inspección sanitaria'.
Puntualizó que una vez que finalizaba la necesidad, en los casos agudos, del material ortoprotésico como por ejemplo una silla de ruedas, está se devolvía para que pudiera ser utilizada por otro paciente en un sistema de préstamo tutelado por la administración autonómica. Así las cosas, criticó Acuña que 'con la disculpa e con la complicidad de los gobiernos del Partido Popular en el Estado y en Galicia esta situación parece que va a cambiar pues la consellería ha decidido poner fin a dicho convenio'.
Si se llegara a confirmar la denegación del mismo, 'los pacientes tendrán que abonar la totalidad del importe del material protésico que precisen', dijo, y añadió que 'durante el tiempo en que tarde en concretarse el decreto ley, 'no habrá excepciones ni por patologías ni por tramos de renta'.
