Economía

Xunta y Gobierno avanzan para que cobren de oficio el IMV los perceptores de la Risga, que crecen en 700 en la pandemia

OURENSE (RÚA O PASEO). 07/01/2018. OURENSE. Dani, vecino de Barcelona con padre ourensano, pide limosna y ayuda en la calle del paseo sin demasiado resultado, mientras la gente paseo y compra en los comercios que han comenzado su temporada de rebajas. Ha dejado de fumar hace 14 días, come donde puede y espera reunir bastante dinero para poder dormir bajo un techo. FOTO: ÓSCAR PINAL
photo_camera Un vecino pide limosna y ayuda en la calle del paseo Foto de archivo: ÓSCAR PINAL

La Rede contra a Pobreza llama a que el futuro Parlamento cambie la ley de inclusión para hacer compatibles la prestación gallega y la estatal

La Xunta y el Gobierno central avanzan para que los perceptores de la renta de inclusión social (Risga) puedan percibir de oficio el ingreso mínimo vital (IMV) con el objetivo de que las ayudas de primera necesidad "se pongan a la disposición de los hogares de modo eficaz y sin solapamientos".

Según traslada la Consellería Política Social a Europa Press, se ha mantenido "una primera toma de contacto" con el Gobierno con este fin. Además, el decreto que regula el ingreso mínimo fija la posibilidad de que las comunidades establezcan "protocolos telemáticos" de intercambio de información con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

Actualmente, hay 10.480 personas perceptoras de la Risga en toda Galicia. En los dos últimos de meses, durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, los beneficiarios aumentaron en 700, según este departamento.

Pontevedra es la provincia con más perceptores de la Risga, con 4.814, seguida de A Coruña (3.032). A más distancia se encuentran Lugo (1.433) y Ourense (1.201).

El objetivo que es los futuros perceptores del IMV cuenten con "todas las garantías legales y respetando todos los derechos de las personas", explica Política Social.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Social indica a Europa Press que aún no tiene una cifra de cuántos beneficiarios percibirán en Galicia a finales de junio el primer abono del ingreso mínimo vital.

EVITAR COBROS "DE FORMA INADECUADA"

Después de que el Gobierno central haya indicado que tan solo País Vasco y Navarra gestionarán el ingreso mínimo vital, el Ejecutivo gallego sostiene que "tiene dos preocupaciones principales".

La primera de ellas pasa por que el IMV "se tramite de modo ágil y sin retrasos que impidan que las familias que lo soliciten dispongan de esta prestación cuanto antes".

Asimismo, se buscará "evitar solapamientos con la Risga, es decir, que haya personas que durante unos meses cobren las dos prestaciones de forma inadecuada".

Política Social insiste en demandar la gestión del ingreso mínimo vital, pues el "modo más eficaz" es a través de la Administración autonómica, "con tres décadas de experiencia gestionando la Risga y que ya tramita las pensiones no contributivas, que también provienen de la Seguridad Social".

CAMBIAR LA LEY GALLEGA

El hecho es que la ley de inclusión social de Galicia establece que la Risga es incompatible con otras prestaciones, por lo que el director de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN), Xosé Cuns Traba, hace un llamamiento al Parlamento gallego resultante de las próximas elecciones autonómicas a que se haga una "modificación" con el fin de "asegurar la complementariedad" de la renta autonómica y el IMV, al tiempo que se aumenten cuantías y beneficiarios.

En esta misma línea, la propia Consellería de Política Social sostiene que "el Gobierno que salga de las urnas deberá, en la próxima legislatura, abordar la reforma de la ley de inclusión social de Galicia para adaptarla al nuevo panorama que se abrió con la aprobación del ingreso mínimo vital".

El director de la Rede contra a Pobreza apela a esa reforma de la Risga y la ley gallega para "que no haya inseguridad jurídica" y "para reducir la burocracia".

Junto a esto, traza la "línea roja" de que, en los presupuestos que ahora se están dedicando a renta mínimas autonómicas como la Risga, "con la entrada del ingreso mínimo vital no se debe de bajar ni un solo euro". "Deben seguir destinándose a programas de inclusión social", avisa.

Por tal motivo, pide que la Comunidad use también esas partidas para la cobertura de las personas que "no se van a ver beneficiadas por el ingreso mínimo vital, desde jóvenes de 18 a 23 años, víctimas de violencia machista, emigrantes retornados mayores de 65, hasta inmigrantes en situación regular o irregular".

Recuerda que la Risga tiene tres tramos. Está el básico, que "en principio va a sustituir en gran parte el IMV", a lo que se suman los dos tramos aprobados recientemente de transición al empleo e inserción sociolaboral. Así, cree necesario potenciar que "se asegure" que cada persona pueda tener "un acompañamiento profesional".

Cuns remarca que el IMV marca "la supervivencia" en la pobreza severa, pero "debe complementarse con importes hasta alcanzar a las personas que se encuentran en pobreza relativa", en especial en hogares con menores y personas dependientes.

"Hay donde gastar perfectamente el dinero de la Risga, en aumentar importes, cobertura y asegurar procesos de inclusión", afirma.

"MUCHÍSIMAS INCÓGNITAS"

Xosé Cuns hace una llamada a "la extrema prudencia" sobre el ingreso mínimo vital para "no crear falsas expectativas", pues aún hay "muchísima incógnitas".

El hecho es que prevé "problemas" para la tramitación, porque este lunes, 15 de junio, abre el periodo de solicitudes y "va a haber una avalancha" de peticiones. "Es una prestación que como revolucionaria que es va a ser compleja", reflexiona, puesto que "lo que se debería hacer en un año se va a hacer en uno, dos o tres meses".

Sobre cuántas personas se pueden ver beneficiada en Galicia del IMV, la Rede Galega contra a Pobreza indica que en la última encuesta de 2018 de condiciones de vida figuraba que 128.000 personas --el 4,8% de la población gallega-- cobraban menos de 370 euros, por lo que estaban en situación de "pobreza severa". Una cifra que se puede aproximar al "suelo" de los que pueden optar a la ayuda.

Con todo, Cuns hace hincapié en que, "desde este umbral de pobreza severa hasta la pobreza relativa" --que perciben el doble, 740 euros al mes--, "hay un tramo de gente de casi medio millón de personas", de las cuales "muchas se deberían ver beneficiadas". "Gran parte de esa población es la que se vio ahora afectada por la pandemia".

Indica que el importe básico de la Risga está fijado en unos 403 euros, mientras el mínimo del IMV se eleva en 60 euros, lo que "no es importe menor". Sin embargo, "la Risga tiene un complemento vivienda, que en teoría también tendrá en el futuro el IMV pero de momento no lo recoge, que permite tener 50 o 60 euros más". De tal forma, puede haber casos que "no les compense" el cambio, por lo que es necesario la "coordinación" entre administraciones.

"Por eso, no está tan claro pasar de forma automática a todos los perceptores de Risga al IMV, depende de qué caso es", advierte.

RADIOGRAFÍA DE LA POBREZA

En la radiografía de la pobreza existe una "feminización". El 80% de las familias monoparentales con falta de recursos son mujeres con hijos a cargo.

Mujeres, jóvenes y niños son los grupos con mayor incidencia, pero existe agravantes relacionados la discapacidad, etnia, inmigración, violencia machista e, incluso, vivir en el rural, puesto que se crea una brecha digital "brutal". Pone de ejemplo que "mucha gente no tiene ni correo electrónico" para poder pedir el ingreso mínimo vital.

El grupo de edad entre los 16 y los 29 años es en "el que más creció la pobreza y exclusión", lo cual plantea "el problema de la cronificación de la pobreza".

Finalmente, el director de la Rede Galega contra a Pobreza deja claro que tanto la Risga como el IMV "son un derecho", "no es un donativo ni solidaridad, se trata de justicia social".

PRIMEROS BENEFICIARIOS

El Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará en próximos días por SMS la concesión del ingreso mínimo vital a los primeros 75.000 hogares beneficiarios en España --250.000 personas--.

En total, el Gobierno calcula que se puede alcanzar a 850.000 hogares, unos 2,3 millones de personas, cuya renta media disponible no llega a los 310 euros mensuales.

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