Traballo considera que la tarea de los técnicos que acaban contrato pueden asumirla los funcionarios

La Xunta mantiene el despido de 109 promotores de empleo

Silvia Pazo, una de las promotoras de empleo afectadas por la decisión de la Xunta. (Foto: ARCHIVO)
La decisión de la Consellería de Traballo e Benestar de no prorrogar el contrato a los 109 promotores de empleo a partir del 30 de junio es firme. Así se lo comunicó el pasado 11 de junio la directora xeral de Formación y Colocación, Ana Díaz, a una representación de estos técnicos que perderán su puesto de trabajo.
Silvia Pazo, que asistió a la reunión con la intención de que la Xunta reconsiderase su postura como han hecho otras comunidades como Extremadura, Cataluña, Cantabria, Murcia y Andalucía aportando fondos propios, salió del encuentro sin esperanza alguna. Esta promotora argumentó en la entrevista que en estos momentos las oficinas de empleo ya están saturadas por la escasez de personal y que la carga de trabajo aumentará con el cese de los 109 técnicos a finales de mes, la amortización de 25 plazas en septiembre y en diciembre podrían haber 114 orientadores menos con un incremento paulatino del paro.

'Le pregunté quién va a realizar todo este trabajo y Ana Díaz respondió que hay muchos orientadores en la Consellería de Traballo, se va a hacer una redistribución de plantilla y se van a enviar a las oficinas de empleo al personal de los edificios administrativos que no está haciendo nada'.


PRIVATIZACIÓN 'JAMÁS'

Los técnicos de empleo insistieron en que hay oficinas en las que ya no queda nadie y, según denuncia Silvia Pazo, 'la directora xeral de Formación y Colocación nos dijo que algunas oficinas se van a cerrar'. Ana Díaz aseguró también que 'jamás privatizará el servicio', reconoció que los técnicos son 'muy necesarios' pero se escudó en el recorte en la partida del Estado que destina a estos técnicos de empleo para amortizar sus puestos de trabajo. Cuando le mostraron una carta firmada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la que aseguraba que las competencias le pertenecen a las comunidades autónomas, la directora xeral de Formación y Colocación respondió: 'Yo tengo muchos problemas con esa señora, no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que hace', afirma Silvia Pazo. Los representantes de los promotores también le comunicaron a Ana Díaz todas las posibilidades que tiene la Xunta para mantener las plazas, como la partida que destina el Estado para la modernización de medios materiales y humanos de las oficinas de empleo, la Orden 30/12/11 o incluso la partida de 30 millones de euros que el Consello de la Xunta aprobó el 29 de marzo de este año para la contratación de técnicos y agentes de colocación en los ayuntamientos.

Ana Díaz descartó esta última posibilidad 'porque vienen las elecciones y hay que contratar en los ayuntamientos, que son un granero de votos', según Pazo. Las otras dos opciones tampoco las contempla por ser ilegales. Los promotores pusieron el ejemplo de otras comunidades gobernadas también por el PP en las que se ha decidido mantener el servicio a pesar del recorte del Gobierno Central. La directora xeral respondió que no se va 'a meter en el trabajo de sus compañeros, pero tendrán problemas a final de año', comenta Silvia Pazo. La única manera de mantener los puestos es con fondos propios, 'pero la Xunta, a pesar de la solvencia, dice que no hay dinero'.

Por otra parte, los repreentantes de estos 109 técnicos de empleo también se reunieron anteayer con el director xeral de Función Púnlica, José María Barreiro. 'Nos dijo que algunas de nuestras propuestas le parecen muy interesantes, pero que no puede hacer nada', afirmó Silvia Pazo al término de la entrevista

Los promotores también avisaron a la Xunta de que continuarán con el calendario de movilizaciones para defender sus puestos de trabajo, pero ya son conscientes de que el próximo día 30 ellos pasarán al otro lado de la ventanilla.

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