Las casas y naves industriales construidas antes del 1 de marzo del 2003 al margen del planeamiento urbanístico en Laza, Monterrei, Cualedro, Oímbra, Vilardevós, A Gudiña, Castrelo do Val y Riós, han regularizado su situación durante el último año, lo que se ha traducido en una inyección de dinero para los concellos.
Un total de 256 vecinos de los citados municipios se acogieron a la directiva que estableció la Xunta en el año 2010, dentro de la reforma de la Lei do Solo, para regularizar otros tantos inmuebles, la mayoría viviendas y naves agrícolas, que en todos los casos carecían de licencia municipal al estar construidas en suelo rústico 'Son viviendas y naves que disponían de agua, luz y saneamiento pero estaban ilegales. Algunas ya fueron construidas hace más de 20 años', explicó el alcalde de Monterrei.
La medida sólo afecta a los inmuebles construidos antes del 2003 y que no fueran objeto de ningún expediente de reposición de la legalidad. El plazo abierto por la Xunta finaliza esta semana y Monterrei fue el que más solicitudes de regularización tramitó con 105, seguido de Cualedro, con 40. El que menos solicitudes cursó fue Oímbra, con cinco expedientes.
Los afectados para tramitar la documentación tuvieron que, además de encargar el correspondiente proyecto, abonar 1.200 euros en concepto de tasas en las entidades locales. 'La recaudación es importante dada la situación de crisis, pero lo más fundamental es regularizar los inmuebles', apuntó el alcalde de Cualedro, Luciano Rivero.
En total, según los datos recogidos en los nueve concellos, la recaudación ascendió a 307.200 euros. 'Los inmuebles no se podían legalizar y ahora quedan como legales, aunque fuera de la ordenación urbana', apuntó el regidor de Castrelo, Vicente Gómez, que tramitó 12 solicitudes.
La medida sólo afecta a los inmuebles construidos antes del 2003 y que no fueran objeto de ningún expediente de reposición de la legalidad. El plazo abierto por la Xunta finaliza esta semana y Monterrei fue el que más solicitudes de regularización tramitó con 105, seguido de Cualedro, con 40. El que menos solicitudes cursó fue Oímbra, con cinco expedientes.
Los afectados para tramitar la documentación tuvieron que, además de encargar el correspondiente proyecto, abonar 1.200 euros en concepto de tasas en las entidades locales. 'La recaudación es importante dada la situación de crisis, pero lo más fundamental es regularizar los inmuebles', apuntó el alcalde de Cualedro, Luciano Rivero.
En total, según los datos recogidos en los nueve concellos, la recaudación ascendió a 307.200 euros. 'Los inmuebles no se podían legalizar y ahora quedan como legales, aunque fuera de la ordenación urbana', apuntó el regidor de Castrelo, Vicente Gómez, que tramitó 12 solicitudes.
