Acepta el recurso del exalcalde, porque pudiera existir "una ligera animadversión entre ambos"
Juan Manuel Jiménez, el exalcalde 'popular', ha logrado, cuando menos, ralentizar el proceso que contra él y el resto de componentes de su grupo de gobierno en el momento de la aprobación del plan general de urbanismo de la villa de 1998 se sigue a instancias del actual Ejecutivo municipal y por el que le reclaman la entrega, a él y a sus concejales, de alrededor de 450.000 euros que en su día fueron abonados a un constructor en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
El alcalde, Gerardo Seoane, confirmó ayer que "entiende que debe aceptarse la recusación formulada contra el técnico instructor del expediente porque, a la luz de los datos recabados, parecer ser que existe una ligera animadversión entre ambos que puede llevar a invalidar un proceso que tanto yo como el resto de los compañeros del grupo de gobierno queremos que sea lo más exquisito posible en lo que a la tramitación y conclusiones se refiere", dijo el regidor.
DOS INSTRUCTORES
En todo caso, solamente el anterior primer edil ha formulado escrito de recusación contra Alberto Vega, el jefe de Urbanismo del Concello de Verín. El resto de ediles que están siendo requeridos para que de manera solidaria entreguen la parte alícuota de la indemnización en su día satisfecha por las arcas municipales no lo han hecho, "lo que hace entrever, que a la espera de los informes pertinentes de los departamentos jurídicos e incluso del propio instructor recusado, el procedimiento de responsabilidad patrimonial continuará pero bifurcado, un instructor será designado para el anterior alcalde y el actual continuará con el procedimiento para el grupo de los concejales que en su día respaldaron a Jiménez en las decisiones adoptadas y que resultaron gravosas para las arcas de este ayuntamiento, como así determinó un juez", explicó Gerardo Seoane.
ALEGACIONES DEL EXALCALDE VERINENSE
Jiménez Morán, antes del escrito de recusación del funcionario municipal instructor del expediente, registró también en el Concello de Verín su documento de alegaciones al proceso iniciado por el consistorio. Fundamenta el anterior mandatario que debe eximirse de cualquier responsabilidad por dos fundamentos jurídicos y razonados claves: el primero, por la prescripción de la acción para la reclamación de responsabilidad patrimonial. Entiende Jiménez Morán que el plazo para iniciar un expediente de reclamación debió empezar a contarse desde la fecha del auto de ejecución de la sentencia firme que condenó al concello a la indemnización, y no desde la fecha en la que realizó el último desembolso económico al reclamante. El segundo, por la inexistencia, a su entender, de negligencia grave.
