El paso del juez Francisco José Lora por Verín no fue todo lo apacible que esperaba para ser su primer destino, aunque no por motivos profesionales. Llevaba poco más de un año en el juzgado de esa villa -pertenece a la 68º promoción- cuando comenzó, en plena pandemia, a tener problemas con su vecina de al lado, la del tercero B. Primero fueron insultos tanto a él como a su mujer -“muerta de hambre”, “guarra”, “sinvergüenza”, “hijo de puta”, “jueces corruptos”- pero también hubo noches sin dormir. En pleno confinamiento, cuando el magistrado dejaba una bolsa de basura en la puerta, G.C.F. (66 años) se quejaba a la presidenta de la comunidad e incluso cuando salía una noticia de algún juez en la televisión, ponía el aparato a todo volumen al tiempo que gritaba: “Los jueces son unos corruptos”; “fachas de mierda” o “fascistas”.
La convivencia se hizo insoportable cuando una amiga de G.C.F. se sumó al carro en un incidente ocurrido el 14 de noviembre de 2021 a partir de las dos de la mañana, en el momento en que el matrimonio llegó a su casa. L.C.P. (50 años) había interpuesto una demanda en el Juzgado mixto 2 de Verín, cuyo titular era Lora, para ejercitar una acción reivindicatoria, pero fue desestimada en una sentencia de 2019. L.C.P. lo culpaba de haberse quedado sin tierras.
La denuncia
El perjudicado dio el paso de denunciar cuando ambas inculpadas, esa madrugada, comenzaron a hacer ruido con voces, insultos y tacones. El matrimonio, según le dijo s la Guardia Civil, tuvo que ir cambiando de dormitorio del dúplex que ocupaba, pero, a las cinco de la mañana, comenzaron a tirar de la cisterna sin parar. Refieren gritos del tipo “señoría que me corro” e “hijos de puta”. Tras 50 minutos, la mujer del togado tocó a la pared para advertirlas de que iba a llamar a la Policía. Las investigadas comenzaron a cantar: “que las detengan, que es una mentirosa (…)”. A las seis de la mañana, llegó la Guardia Civil pero G.C.F. y su acompañante no abrieron la puerta.
El juez las denunció por acoso, coacciones y falta de respeto a la autoridad. En total, 39 meses multa a 10 euros al día, además de los 1.000 euros por los daños morales. El fiscal incluso fue más allá, reclamando dos años de cárcel para una así como nueve meses para la otra por coacciones.
Pero ayer, casi dos años después de la denuncia y con el denunciante en otro destino, los ánimos se calmaron. En el Penal 2 de Ourense, las acusaciones dejaron los delitos en leves. G.C.F. fue condenada a pagar una multa de 180 euros y L.C.P., 90. La primera también debe abonar 1.000 euros a la pareja por los daños morales ocasionados. La misma cantidad que pedían los denunciantes, menos que el fiscal.
