Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo lograron ayer un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una “solidaridad a la carta” que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.
“¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo”, anunció uno de los eurodiputados del equipo de negociación, el democristiano holandés Jeroen Lenaers, a primera hora de ayer, tras negociar día y noche hasta sellar las bases de los nueve expedientes que forman el Pacto y que abarcan todo el proceso, incluido el refuerzo del control fronterizo e identificación de los migrantes, hasta que se resuelve cada caso con la concesión del asilo o la decisión de expulsión.
Las presidentas del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidieron en señalar el momento “histórico” que supone el acuerdo que pone fin a años de tensiones entre los propios países de la UE -desde la llamada crisis de refugiados de 2015- y llega a tiempo para finalizar su tramitación antes de las elecciones europeas de junio, un plazo que pesaba en los negociadores para evitar que su desarrollo se viera afectado por la campaña electoral y el avance de la extrema derecha.
Planteamiento humano
“Es un planteamiento humano, justo con quienes buscan protección, firme con quienes no son elegibles y firme con quienes explotan a los más vulnerables”, defendió Metsola, en una rueda de prensa al término de las negociaciones, acompañada por los eurodiputados negociadores, entre ellos el español Juan Fernando López Aguilar (PSOE).
Las nuevas reglas, que necesitan aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser adoptada, pone fin a años de duras negociaciones entre los propios Estados miembro para consensuar un equilibrio entre la “solidaridad” con los países en primera línea, como España e Italia, y la “responsabilidad” que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.
Finalmente, la solución es un mecanismo de “solidaridad flexible” que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace. El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
El modelo de solidaridad “a la carta” también se aplicará al mecanismo de crisis o fuerza mayor -y países como España e Italia en un primer momento- defendieron sin éxito que debía contar con un sistema obligatorio de cuotas de acogida que se activara únicamente en situaciones extremas.
Las ONG condenan el acuerdo: “Viola los derechos de los niños”
Medio centenar de organizaciones de la sociedad civil manifestaron su condena ante la Pacto Europeo de Migración y Asilo alcanzado ayer por los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo por el “retroceso en los derechos humanos”. Willy Bergogné, director de Save the Children Europa y representante de la UE , subrayó que el acuerdo alcanzado es “históricamente malo”. “El Pacto sobre Migración de la UE viola descaradamente los derechos de los niños, pone en peligro a los niños en tránsito y conducirá a una mayor separación de las familias inmigrantes”, criticó.
Mientras, el director general de Save the Children España, Andrés Conde, exclamó, que “ningún niño debe ser detenido”. “Este pacto facilita la detención y la permanencia en instalaciones policiales de niños y niñas de Europa”, denunció respecto a un pacto en el que el reglamento de Eurodac amplía las bases de datos e introduce imágenes faciales, además del habitual registro de huellas dactilares y que se aplicará incluso a los niños a partir de 6 años.
Conde también manifestó su preocupación por las “dificultades” que introduce a la reunificación familiar. “No contempla a los hermanos como familiares para procesos de reunificación. Los niños no acompañados no podrán reunificarse con sus hermanos que están en otros lugares”, avisó. Mientras, la Comisión Española de Ayuda al Regudiado (CEAR) manifiesta su preocupación por el mecanismo de “solidaridad a la carta”, que “no aliviará la presión migratoria que reciben los países fronterizos como España y que está en el origen de la necesidad de una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo”.
