Diez exmilitares chilenos acusados de la desaparición del sacerdote Woodward

La Justicia de Chile ha presentado cargos formales contra diez funcionarios retirados de la Armada a los que acusa del secuestro y desaparición del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward, informaron hoy fuentes judiciales.
En su resolución, el juez Julio Miranda, de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Valparaíso, donde ocurrieron los hechos, acusó de tales cargos a Luis Francisco Pinda, Carlos Miño, Guillermo Inostroza, José Manuel García, Marcos Silva, Nelson López, Jorge Leiva, Manuel Leiva, Bertalino Castillo y Héctor Palomino.

Fuentes de los tribunales precisaron que ahora la acusación será notificada a las partes querellantes y a los abogados de los exmilitares, que están procesados en situación de libertad.

El sacerdote Miguel Woodward fue arrestado el 16 de septiembre de 1973 por una patrulla de la Armada en su domicilio del cerro Los Placeres de Valparaíso y llevado a la Universidad Técnica Federico Santa María, donde fue interrogado y torturado.

Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, esa universidad sirvió como centro de detención y tormento en manos de la Armada.

Luego, Woodward fue llevado a la Academia de Guerra Naval (AGN) en el cerro Playa Ancha del puerto de la ciudad chilena.

El 21 de septiembre de 1973 fue sacado de la AGN y trasladado al buque escuela Esmeralda, que tras la asonada militar operó también como lugar de detención y tortura.

En la investigación está acreditado que Woodward murió a bordo de la Esmeralda a causa de las torturas infligidas. Su cuerpo fue sacado del navío y llevado al Hospital Naval, que entonces estaba en el cerro Playa Ancha.

En la investigación judicial se estableció que funcionarios de la Armada llevaron el cuerpo para sepultarlo al Cementerio de Playa Ancha, donde desapareció, hasta hoy.

Javier Rodríguez, portavoz de la Agrupación de Familiares y Amigos de Miguel Woodward, aseguró tras conocer la resolución judicial que es 'un paso fundamental para hacer justicia'.

'Esperamos que las condenas sean pertinentes para que en Chile quede claro de una vez por todas que las personas que cometen delitos de lesa humanidad tienen que pagar como corresponde', dijo Rodríguez a una emisora local.

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