El Gobierno de Sarkozy se ampara en que son 'repatriaciones voluntarias' y no deportaciones

Europa vigilará la expulsión de rumanos desde Francia

Dos vuelos regulares desde Lyon y París con destino a Bucarest transportaron ayer al primer centenar de gitanos deportados de Francia en una controvertida operación que el Gobierno de Nicolas Sarkozy justifica argumentando que son europeos pero indocumentados. Escoltados por la policía y cargados de maletas y paquetes, unos 60 gitanos embarcaron en un vuelo de la compañía rumana Blue Air que a primera hora de la tarde salió de Lyon, y otro grupo menos numeroso lo hizo desde el parisino de Charles de Gaulle.
Se trata de los primeros vuelos que transportarán a los alrededor de 700 gitanos que Francia espera devolver a Rumanía y Bulgaria en los próximos días, y son regulares porque, según el Gobierno galo, no se trata de expulsiones sino de repatriaciones 'voluntarias'.

Hoy saldrá una segunda tanda y el próximo jueves, día 26, la tercera sin que, de momento, se haya informado de dónde y a qué hora despegarán los 'vuelos de la vergüenza', como ya los han bautizado algunos representantes de la oposición.


'CERRAMOS LOS OJOS'

'Los echamos y cerramos los ojos'. Esto 'no arregla ningún problema', criticó el presidente del grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo (PE), Daniel Cohn-Bendit, quien alertó de que hay que pensar en las condiciones de vida de los gitanos en sus países de origen.

Sarkozy ignora las críticas internas y también las externas, que le están llegando de los países afectados, Rumanía y Bulgaria, pero también de la Comisión Europea, que ya ha alertado de que vigilará estas expulsiones para asegurarse de que Francia cumple las reglas de libre circulación. Las autoridades galas se escudan en el hecho de que los gitanos deportados, pese a ser ciudadanos europeos, se instalaron en territorio francés de forma irregular. Insisten además en que se van sin ser forzados, acogiéndose al llamado programa de ayudas al retorno, es decir, con un billete de avión y 300 euros por adulto y 100 euros por menor.

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