Servicios como la recogida de basuras, las escuelas o los hospitales se resintieron ayer por la huelga de funcionarios convocada por los principales sindicatos de Portugal contra los recortes salariales incluidos en los Presupuestos de 2014. Los 570.000 trabajadores del sector público (local, regional y administración central) fueron convocados a un paro cuyo seguimiento aún no fue tasado por el gobierno conservador, pero sí por la comunista Federación Nacional de los Sindicatos de la Función Pública (FNSFP integrada en la CGTP), que lo calculó superior al 70 por ciento.
De acuerdo con fuentes sindicales y los medios lusos, varias escuelas en el país tuvieron que cerrar, algunas operaciones en los hospitales se aplazaron y la basura se acumuló en numerosas localidades. La protesta sectorial responde a los recortes salariales progresivos de entre el 2,5% y el 12% a los funcionarios que ganan más de 600 euros brutos al mes. Con este ahorro, el Gobierno espera bajar el déficit más de 1,5 puntos hasta el 4% en 2014, como exige Bruselas.
Jorge Nobre dos Santos, coordinador del Frente Sindical de la Administración Pública -perteneciente a la socialista UGT, segundo mayor sindicato del país-, consideró que el apoyo del paro sectorial de ayer fue 'relativamente elevado'.
El sindicalista denunció el empobrecimiento de los funcionarios lusos (cerca del 10% de la población activa del país) en los últimos años, cuando sufrieron sucesivos recortes desde que Portugal solicitó a la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo internacional, en mayo del 2011. Según Nobre dos Santos, ayuntamientos, oficinas de la seguridad social, tribunales y universidades registraron perturbaciones en su funcionamiento, así como los servicios de transporte Coimbra, Braga y Barreiro.
Jorge Nobre dos Santos, coordinador del Frente Sindical de la Administración Pública -perteneciente a la socialista UGT, segundo mayor sindicato del país-, consideró que el apoyo del paro sectorial de ayer fue 'relativamente elevado'.
El sindicalista denunció el empobrecimiento de los funcionarios lusos (cerca del 10% de la población activa del país) en los últimos años, cuando sufrieron sucesivos recortes desde que Portugal solicitó a la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo internacional, en mayo del 2011. Según Nobre dos Santos, ayuntamientos, oficinas de la seguridad social, tribunales y universidades registraron perturbaciones en su funcionamiento, así como los servicios de transporte Coimbra, Braga y Barreiro.
