La ONU ha denunciado hoy 'la expansión' en Colombia de grupos criminales procedentes de los antiguos paramilitares y el aumento de las masacres que se les atribuyen, y ha urgido a proteger a los beneficiarios de la Ley de Víctimas, acosados por la persecución.
Asimismo, el informe anual sobre Colombia elaborado por la Oficina de la Alta Representante de la ONU para los Derechos Humanos, dice que la 'práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente', es decir, el asesinato de civiles por parte de fuerzas del Ejército.
Este informe fue presentado hoy en Bogotá por el nuevo representante de esa Oficina, el estadounidense Todd Howland, quien ha dicho que, si bien se han dado pasos en la protección de los derechos humanos durante los dos últimos años - desde que gobierna Juan Manuel Santos - al citar expresamente la Ley de Víctimas, todavía queda camino por recorrer.
En primer lugar, ha pedido protección para los beneficiarios de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en vigor desde enero pasado, en su mayoría campesinos despojados durante el conflicto armado que se ven acosados por la persecución, las amenazas y los asesinatos.
Al advertir de que esa ley tiene 'vacíos', apuntó a que 'el reto es asegurar la protección de todos los actores involucrados, incluidos los funcionarios del Estado', encargados de las investigaciones.
Y es que, según el informe, 'el riesgo y vulnerabilidad de los líderes en procesos de restitución de tierras son extremadamente altos'.
El mejor ejemplo de la conflictividad que existe en Colombia en torno a la tierra son 'los asesinatos cometidos en 2011, sumados a los registrados en 2010, y las amenazas y agresiones', según la ONU, que no dio una cifra definitiva pero se refirió a al menos tres dirigentes campesinos muertos el año pasado.
La ONU además advirtió de que 'la práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente', ya que este organismo observó en 2011 casos en Bogotá y en los departamentos regionales de Arauca, Cauca y Cesar.
Hasta agosto de 2011, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tenía registrados 1.622 casos de homicidios atribuidos a agentes del Estado, que involucraban a 3.963 miembros de la fuerza pública, con 148 sentencias condenatorias, detalla el informe.
Esta práctica, conocida en Colombia como los 'falsos positivos', llegó a ejecutarse de 'forma sistemática' durante los últimos años del Gobierno de Álvaro Úribe (2002-2010), como reconoció entonces la ONU.
El informe de la ONU denuncia ampliamente 'la expansión de grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares' a raíz de un acuerdo de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el Gobierno de Uribe alcanzado 2006.
'El número de masacres (un total de 32 en 2011) y de víctimas atribuidas a estos grupos continuó aumentando, principalmente en Antioquia y Córdoba', afirma el documento, que da cuenta de que el 53 % de los mandos de esos grupos capturados o muertos eran paramilitares desmovilizados.
Esas organizaciones 'están presentes en la mayoría de los departamentos del país y demuestran alta capacidad de reclutamiento, incluyendo niñas, niños y adolescentes', alerta la ONU, al explicar que 'ejercen control territorial, restringen la libertad de movimiento de la población y ejercen control social, imponiendo sus normas de comportamiento y sanciones públicas'.
En este sentido, el adjunto de Howland en la oficina de la ONU en Bogotá, Juan Carlos Monge, indicó en la misma rueda de prensa que la lucha contra esos grupos, dedicados al narcotráfico entre otras actividades delictivas, debe atajarse desde 'las estructuras que los apoyan'.
Y es que el informe de la ONU es claro al afirmar que 'hay evidencias de complicidad de algunas autoridades locales y miembros de las fuerza pública con esos grupos' y que la impunidad es generalizada.
